Fiscalía embarga bienes de presunto articulador de minería ilegal en Chocó
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Alias ‘El Gordo’, señalado por minería ilegal y sobornos
CHOCÓ, COLOMBIA. (16 OCT 2025) – La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 17 bienes presuntamente adquiridos con dineros producto de la explotación ilegal de minerales en el departamento de Chocó. Las propiedades estarían vinculadas a Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, señalado como uno de los máximos articuladores de estas actividades ilícitas en la región del Medio Atrato.
Según información obtenida por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Mosquera Arboleda habría utilizado maquinaria pesada y sustancias tóxicas para extraer oro en zonas protegidas, generando un grave daño ambiental. Se le atribuye además el pago de sobornos a miembros de la fuerza pública para facilitar el encubrimiento de sus operaciones.
Las ganancias obtenidas ilegalmente habrían sido canalizadas hacia la compra de inmuebles en los barrios Jardín, Obrero, La Cascorba y Suba, en la ciudad de Quibdó. Estos bienes, cuyo valor supera los 1.800 millones de pesos, fueron puestos a nombre de familiares y personas cercanas al investigado, en un aparente intento de darles una apariencia de legalidad.
La trazabilidad de los recursos fue establecida mediante análisis financieros y contables que permitieron identificar el origen ilícito del dinero y su posterior transformación en activos inmobiliarios. Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fueron los encargados de materializar las medidas cautelares con fines de extinción de dominio.
Este tipo de acciones buscan golpear las estructuras criminales en sus finanzas, reduciendo su capacidad operativa y limitando el uso de bienes adquiridos mediante actividades delictivas.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.