Fiscalía imputa terrorismo a mujer vinculada a atentado no ejecutado en Bogotá
347 palabras, 2 minutos de tiempo de lectura.
La Fiscalía obtuvo pruebas que vinculan a la procesada con la preparación del atentado
Bogotá D.C., Colombia (21 NOV 2025) – La Fiscalía General de la Nación judicializó a Katherine Andrea Martínez Martínez, tras obtener elementos materiales probatorios que la vincularían con la planeación y coordinación de una acción terrorista que iba a perpetrarse en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, pero que finalmente no se ejecutó.
De acuerdo con la investigación, la mujer se habría concertado con otras personas para preparar un atentado el pasado 3 de junio. Dentro de su presunto rol, Martínez Martínez habría asumido tareas de logística criminal, realizado vigilancias en el sector escogido y recibido una bomba tipo lapa, junto con su detonador. Según la Fiscalía, la procesada sería quien la habría transportado y entregado a un adolescente, encargado de instalarla en el sitio donde sería detonada.
Sin embargo, las evidencias indican que, al notar la presencia de unidades de la Policía Nacional en la zona, el menor decidió no llevar el artefacto al lugar previsto, lo que impidió que el ataque se consumara.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Martínez Martínez el delito de terrorismo, cargo que no aceptó durante las audiencias.
La procesada permanece privada de la libertad en un centro carcelario, ya que también está vinculada a la investigación por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.