Fuerza pública destruye maquinaria usada en minería ilegal en el Bajo Cauca
La operación también contribuyó a la protección ambiental, al evitar la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de terrenos fértiles en esta subregión del departamento.
El impacto económico de la operación ronda los 4.750 millones de pesos al mes.
ANTIOQUIA, COLOMBIA (27 ENE 2026) – En el marco de las operaciones contra las economías ilegales en el Bajo Cauca antioqueño, tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la intervención de cinco unidades productoras vinculadas con actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.
El operativo tuvo lugar en la vereda Caño Tres, zona rural del municipio de Zaragoza, donde fueron ubicadas y destruidas de forma controlada varias herramientas utilizadas para la minería ilegal: cinco dragas tipo buzo, una excavadora, cuatro motores industriales, cuatro motobombas, cuatro clasificadoras y 200 galones de ACPM.
Según información de inteligencia militar, esta maquinaria —avaluada en aproximadamente 1.500 millones de pesos— estaría siendo utilizada, al parecer, por estructuras armadas ilegales para financiar sus actividades. Con su destrucción, se estima una afectación a las finanzas de dicha economía ilícita cercana a los 4.750 millones de pesos, cifra correspondiente a la extracción mensual estimada de 9.500 gramos de oro.
La operación también contribuyó a la protección ambiental, al evitar la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de terrenos fértiles en esta subregión del departamento.
Desde el Ejército Nacional se reiteró el compromiso de continuar enfrentando las economías ilegales y todos los factores de criminalidad que ponen en riesgo la estabilidad territorial y los recursos naturales del Bajo Cauca.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.