Hurto de cables en Mocoa habría causado afectaciones al servicio de conectividad
Los elementos hurtados estaban avaluados en más de 23 millones de pesos. De acuerdo con la información, la acción delictiva también ocasionó daños en la infraestructura y afectaciones en la prestación del servicio de conectividad.
PUTUMAYO, COLOMBIA, 30 de septiembre de 2026 – La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Alberto P. C., Nicolay Stiven P. G. y Eduard Josnaibe D. A., señalados de participar en el hurto de cables en Mocoa y de otros componentes utilizados para la prestación de servicios de comunicaciones y conectividad de una empresa de telecomunicaciones.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, cuando los hoy procesados, al parecer, violentaron el cerramiento de una de las bodegas de la compañía y se apoderaron de 240 metros de cable coaxial de diferentes calibres, cobre y otros insumos destinados a garantizar la conectividad del servicio.
Los elementos hurtados estaban avaluados en más de 23 millones de pesos. De acuerdo con la información, la acción delictiva también ocasionó daños en la infraestructura y afectaciones en la prestación del servicio de conectividad.
Los tres hombres presuntamente transportaron los elementos en un motocarro hasta un establecimiento de reciclaje.
Posteriormente, la Policía Nacional hizo efectivas las órdenes de captura contra Jairo Alberto P. C., Nicolay Stiven P. G. y Eduard Josnaibe D. A. en vía pública de Mocoa.
Un fiscal de la Seccional Putumayo les trasladó escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jairo Alberto P. C. y Nicolay Stiven P. G. Por su parte, Eduard Josnaibe D. A. continúa vinculado al proceso por el hurto de cables en Mocoa.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.