Jueza federal frena operativos del Gobierno de Trump por presunto fraude electoral en nueve estados de EE. UU.
Una jueza federal bloqueó parte de los operativos del Gobierno de Trump por presunto fraude electoral en nueve estados ante riesgos de intimidación a votantes.

EE.UU., 23 de octubre de 2026 – Una jueza federal de California ordenó bloquear gran parte de los operativos de campo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adelantaba por presuntas irregularidades electorales en nueve estados de Estados Unidos. La decisión busca evitar actuaciones que puedan intimidar a ciudadanos estadounidenses y afectar su participación en las elecciones.
De acuerdo con información publicada por la agencia EFE, la decisión fue adoptada por la jueza Araceli Martínez-Olguín mediante un fallo emitido el miércoles y conocido públicamente el jueves 22 de octubre.
La orden restringe las operaciones de campo y las entrevistas relacionadas con las elecciones en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.
Durante las últimas semanas, agentes del DHS habían realizado procedimientos en los que interrogaban a votantes inscritos, utilizando información obtenida tanto de registros electorales oficiales como de bases de datos comerciales.
La magistrada cuestionó la fiabilidad de algunas de esas fuentes de información, a las que calificó como «cuestionables», según recogió EFE.
El proceso judicial fue promovido por la Asociación de Enfermeras de California y National Nurses United, junto con la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.
En su fallo de 19 páginas, Martínez-Olguín aclaró que la decisión no pretende impedir que las autoridades federales investiguen posibles casos de voto ilegal. La restricción busca evitar que esas actuaciones se conviertan en mecanismos de intimidación contra ciudadanos estadounidenses.
La medida se aplica específicamente cuando los agentes del DHS sospechen de personas que, según su criterio razonable, sean ciudadanos de Estados Unidos.
Tras conocerse la decisión, Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy y representante de los demandantes, sostuvo en un comunicado citado por EFE que el fallo recuerda un principio fundamental del sistema democrático estadounidense: el poder reside en los ciudadanos y no en el Gobierno.
Por su parte, un portavoz del DHS aseguró al periódico The Washington Post que la institución no tiene previsto investigar a votantes que considere ciudadanos estadounidenses.
La jueza estableció como plazo este viernes 23 de octubre para que la orden entre en vigor, lo que permite al Gobierno del presidente Donald Trump presentar una apelación.
De esta manera, el fallo introduce límites judiciales a determinados procedimientos federales relacionados con presuntas irregularidades electorales, sin eliminar las facultades legales de investigación de las autoridades estadounidenses.
A.U.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por la agencia internacional de noticias EFE el 23 de octubre de 2026. Las declaraciones atribuidas al abogado Beau Tremitiere y al portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, así como los detalles del fallo de la jueza Araceli Martínez-Olguín, proceden de la información publicada por dicha agencia. La estructura y redacción corresponden a una elaboración periodística propia de Análisis Urbano.
