La decencia de Cepeda, único candidato preocupado por la protección de personas amenazadas en Colombia
La respuesta insiste en reconocer institucionalmente a quienes ejercen liderazgo social, combatir la estigmatización y fortalecer medidas de reparación integral.
El candidato presidencial Iván Cepeda fue el único que respondió nuestro cuestionario sobre la protección y apoyo al liderazgo social. En este momento crítico de ataques a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, actores políticos, postulados y reinsertados, los silencios en la campaña presidencial son muy dicientes.
Medellín, Colombia, 29 mayo de 2026.- En Colombia, hablar de protección a líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, firmantes de paz y actores políticos sigue siendo una conversación incómoda. No porque falten cifras, diagnósticos o alertas institucionales, sino porque continúa siendo uno de esos temas que aparecen en los discursos cuando ocurre una tragedia y desaparecen rápidamente de las prioridades públicas.
Por eso resulta relevante lo ocurrido recientemente, cuando la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -CORPADES-, y la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO, decidieron remitir un cuestionario a distintas candidaturas presidenciales para conocer sus propuestas frente a la crisis de protección, el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las garantías para el ejercicio del liderazgo social y las medidas necesarias para enfrentar los riesgos que persisten en múltiples territorios. La respuesta recibida fue una.
Señores y señoras candidatos a la Presidencia de la República de Colombia by Análisis Urbano Medellín
Ese hecho merece atención. No porque responder convierta automáticamente a alguien en la mejor opción electoral, ni porque una respuesta escrita garantice futuras transformaciones institucionales. El voto continúa siendo un acto individual, libre y profundamente personal. Sin embargo, cuando las preguntas giran alrededor de la vida, la seguridad y las garantías para poblaciones históricamente victimizadas, responder deja de ser un asunto menor.
La candidatura de Iván Cepeda fue la única que remitió respuesta formal al cuestionario. Sus planteamientos abordaron temas relacionados con prevención temprana, fortalecimiento territorial, descentralización institucional, protección colectiva y reformas al sistema actual de seguridad para personas en riesgo. Más allá de las afinidades o desacuerdos que cada ciudadano pueda tener frente a estas propuestas, existe un elemento objetivo que vale la pena destacar: hubo disposición para entrar en una conversación compleja.
Respuesta a comunicación de 11 de mayo de 2026 Remitente: CORPADES by Análisis Urbano Medellín
Y es compleja porque el debate sobre protección en Colombia ya no puede reducirse únicamente a discutir cuántos escoltas existen o cuántos vehículos blindados se asignan o si estos, por ser blindados, sí tienen la calidad que se requiere para proteger realmente.
Las decisiones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) merecen una revisión profunda cuando terminan convirtiendo los procedimientos administrativos en barreras para la garantía efectiva del derecho a la vida. El debate no puede centrarse únicamente en si existe un acto administrativo formalmente válido, sino en si las metodologías utilizadas realmente logran identificar riesgos dinámicos, territoriales y cambiantes que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos.
Uno de los mayores cuestionamientos radica en la tendencia a convertir las evaluaciones de riesgo en ejercicios excesivamente técnicos, donde una variación porcentual o un puntaje terminan justificando desmontes de esquemas de seguridad, incluso en contextos donde persisten amenazas, antecedentes de violencia y presencia activa de actores armados. El problema no es la existencia de metodologías técnicas; el problema aparece cuando dichas metodologías sustituyen la comprensión material del riesgo.
Resulta especialmente preocupante que, en distintos escenarios denunciados públicamente, la reducción de medidas ocurra pese a la existencia de nuevas amenazas, denuncias recientes, antecedentes de violencia y recomendaciones emitidas por otras instituciones estatales. Una valoración de riesgo que desconoce hechos sobrevinientes o analiza cada episodio de forma aislada termina produciendo diagnósticos incompletos.
El riesgo no es estático. Evoluciona. Cambia. Se adapta a las dinámicas territoriales.
También preocupa la desconexión entre decisiones administrativas y realidades regionales. Territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales, control territorial y violencia sistemática requieren enfoques diferenciados. Pretender medir riesgos individuales sin incorporar contextos colectivos produce respuestas insuficientes.
Las críticas acumuladas alrededor de la UNP, provenientes de organizaciones sociales, personas protegidas, sindicatos y decisiones judiciales, muestran que existe una discusión pendiente sobre cómo evaluar riesgos, cómo desmontar esquemas y cómo garantizar que las medidas respondan realmente a las condiciones materiales de quienes enfrentan amenazas.
No responder preguntas sobre protección puede obedecer a múltiples razones: prioridades distintas, campañas saturadas o simples omisiones. Pero cuando se pregunta por la seguridad de quienes ejercen liderazgo social, documentan violaciones, denuncian actores armados o acompañan comunidades vulnerables, la ausencia de respuestas deja vacíos difíciles de ignorar.
Responder un cuestionario no constituye una política pública. Pero tampoco es irrelevante. Precisamente por eso resulta pertinente revisar qué fue lo que sí respondió la única candidatura que remitió una respuesta formal.
Una propuesta en la mesa
La respuesta remitida por el candidato Iván Cepeda plantea varias líneas de acción. Entre ellas, propone revisar las fallas estructurales del sistema de protección, fortalecer sistemas de alerta temprana, descentralizar mecanismos institucionales y retomar escenarios contemplados en el Acuerdo de Paz para enfrentar estructuras armadas ilegales. También plantea la creación de una “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida”, concebida como un mecanismo orientado tanto a protección individual como colectiva.
El documento insiste en un enfoque territorial de seguridad, articulado con presencia estatal, inversión social y participación comunitaria. Asimismo, relaciona la protección de líderes sociales con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y con garantías efectivas de no repetición.
Más allá del contenido programático específico, la respuesta deja ver algo que suele escasear en el debate electoral: disposición a abordar técnicamente un tema complejo.
A esto se suma una realidad operativa compleja: el crecimiento sostenido de solicitudes de protección ha generado presión sobre un sistema que enfrenta limitaciones presupuestales, administrativas y logísticas. La propia institucionalidad reconoce el incremento sostenido en la demanda de medidas de seguridad.
La respuesta parte del reconocimiento de la gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia y sostiene que la violencia contra liderazgos sociales ha sido utilizada históricamente para debilitar organizaciones y comunidades. A partir de ello, desarrolla una propuesta centrada en prevención, protección colectiva, descentralización institucional y fortalecimiento territorial.
Cinco ejes de la propuesta presentada
1. Reforma y fortalecimiento de los mecanismos de protección
Propone revisar las fallas estructurales del sistema de protección y fortalecer la institucionalidad existente. Entre las medidas planteadas están el fortalecimiento de alertas tempranas, respuestas preventivas y la descentralización de mecanismos de protección para acercarlos a los territorios. También propone retomar y territorializar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo de Paz.
2. Creación de una Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida
La propuesta central consiste en crear una red orientada a fortalecer la protección individual y colectiva de líderes sociales y organizaciones comunitarias, especialmente en territorios con mayores niveles de violencia y ausencia estatal. Esta estrategia incluiría reconocimiento institucional del liderazgo social y apoyo económico para personas en alto riesgo.
3. Enfoque de seguridad humana y presencia territorial del Estado
Plantea una visión amplia de seguridad, entendida no solo desde la Fuerza Pública sino también desde el acceso a empleo, educación, salud, vivienda, justicia y servicios públicos. Propone fortalecer la presencia integral del Estado en territorios afectados por violencia y promover mayor articulación entre comunidades e instituciones.
4. Implementación integral del Acuerdo de Paz y garantías de no repetición
Relaciona la protección de líderes sociales con el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz y plantea que la reducción de agresiones contra liderazgos sociales y firmantes debe ser una condición central en cualquier proceso de diálogo o negociación. También propone fortalecer mecanismos de protección colectiva y territorial.
5. Centralidad de las víctimas, memoria y lucha contra la estigmatización
La respuesta insiste en reconocer institucionalmente a quienes ejercen liderazgo social, combatir la estigmatización y fortalecer medidas de reparación integral. Además, propone mayor difusión de la memoria histórica y acciones educativas como parte de las garantías de no repetición.
Las organizaciones sociales seguirán preguntando porque preguntar por la vida, la seguridad y las garantías democráticas no constituye una discusión marginal. En un país donde defender derechos continúa implicando riesgos extraordinarios, exigir respuestas no es un gesto político: es una necesidad democrática. Y cuando las respuestas escasean, el silencio también comunica.
A.U.