Más de 11.500 millones en bienes habrían sido usados para actividades criminales en cuatro departamentos
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Entre las propiedades se cuentan inmuebles, vehículos y comercios en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño.
PUTUMAYO/CAQUETÁ/CAUCA/NARIÑO, COLOMBIA (1 DIC 2025) – La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 13 bienes que, al parecer, habrían sido utilizados por las estructuras armadas ilegales Jaime Martínez y Carlos Patiño, vinculadas a las disidencias de las Farc, para facilitar sus actividades delictivas en el suroccidente del país.
Según los elementos recopilados durante la investigación, los bienes habrían servido para apoyar el componente armado, logístico y narcotraficante de estas estructuras. El patrimonio afectado estaría conformado por:
- Seis inmuebles rurales, dos de los cuales habrían sido utilizados para reuniones de planeación, procesamiento de estupefacientes y almacenamiento de armas de fuego.
- Dos establecimientos de comercio, específicamente un restaurante y una droguería, que, presuntamente, servían para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos ilícitamente.
- Cinco vehículos, que también habrían sido usados en las actividades logísticas del grupo.
Las investigaciones permitieron establecer que dichos bienes fueron puestos a nombre de compañeras sentimentales y personas cercanas a los presuntos cabecillas de las estructuras mencionadas, con el fin de ocultar su verdadero origen y finalidad ilícita.
Como parte del proceso judicial, la Fiscalía impuso medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los activos, cuyo valor preliminar supera los 11.500 millones de pesos.
La acción hace parte de la estrategia del ente acusador para afectar las finanzas de organizaciones criminales y desmontar sus estructuras de soporte económico en las regiones.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.