Más de cuatro décadas de cárcel por la muerte de una niña en Montería
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas presentadas durante el proceso permitieron demostrar que la sentenciada sometió a la menor a un ciclo de violencia que provocó su fallecimiento el 2 de junio de 2021, dentro de una vivienda del barrio Villa Melisa, en M
Testimonios, exámenes médicos y antecedentes de maltrato fueron determinantes durante el proceso judicial.
CÓRDOBA, COLOMBIA 29 de julio de 2026 – Un juez penal de conocimiento de Montería condenó a 41 años y seis meses de prisión a una mujer hallada responsable de causar la muerte de su hija, una niña de 23 meses.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas presentadas durante el proceso permitieron demostrar que la sentenciada sometió a la menor a un ciclo de violencia que provocó su fallecimiento el 2 de junio de 2021, dentro de una vivienda del barrio Villa Melisa, en Montería.
La entidad señaló que la niña padecía una enfermedad cerebral. Para establecer la responsabilidad de la procesada fueron relevantes los testimonios recopilados, los exámenes médicos y los antecedentes de maltrato físico conocidos durante la investigación.
La captura de la mujer se produjo el 8 de octubre de 2021 en la capital cordobesa. Durante el proceso judicial, la acusada negó su responsabilidad frente al delito de homicidio agravado.
Sin embargo, el juez encargado del caso la declaró culpable y determinó que la condena de 41 años y seis meses deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario.
Según la información entregada por la Fiscalía, la mujer permanece recluida en la cárcel El Pedregal, ubicada en Medellín.
Según lo informado por El Meridiano.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.