Más de un año sin respuestas por crimen con destornillador en Danubio Azul
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, los hechos ocurrieron a finales de noviembre de 2024 en una casa ubicada en la carrera 4H con calle 22 sur.
El ataque ocurrió dentro de una vivienda del barrio Danubio Azul a finales de 2024.
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA (2 FEB 2026) – Más de un año después del violento ataque que terminó con la vida de Fernando Vargas Serna, su familia continúa a la espera de avances concretos por parte de la justicia. El hombre, de 54 años, fue gravemente herido con un destornillador dentro de una vivienda del barrio Danubio Azul, en la localidad de Usme, y tras permanecer 49 días en estado vegetal, falleció debido a la gravedad de las lesiones.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, los hechos ocurrieron a finales de noviembre de 2024 en una casa ubicada en la carrera 4H con calle 22 sur. Presuntamente, Fernando fue atacado por su pareja sentimental, quien le habría clavado un destornillador cerca del ojo, provocándole una lesión que comprometió su cerebro.
“Cuando llegamos, mi tío estaba tirado en un colchón, prácticamente en coma. Él no tuvo opción de defenderse”, relató Jéssica Vargas Beltrán, sobrina de la víctima.
Según la familia, la presunta agresora habría permanecido más de una hora sin solicitar ayuda, pese a la gravedad de la situación. “Ella gritaba: ‘Nancho, perdóneme, maté a Fernando’. Lo decía delante de los policías y de todos los que estábamos ahí”, aseguró la joven.
Fernando fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde ingresó en estado crítico. Los médicos lo entubaron y le practicaron una craneotomía para reducir la inflamación cerebral, procedimiento que implicó retirar parte del cráneo. Sin embargo, su estado de salud no mejoró y permaneció en condición vegetal durante varias semanas hasta su fallecimiento.
La familia sostiene que el desenlace pudo haberse evitado si se hubiese pedido ayuda a tiempo. “Si ella lo hubiera auxiliado de inmediato, tal vez se habría podido hacer algo más por él”, insistió Jéssica.
Pese a la gravedad del caso, la mujer señalada como presunta responsable fue dejada en libertad pocos días después del ataque. Según la familia, el juez consideró que no representaba un peligro para la sociedad. Además, denunciaron que posteriormente recibieron amenazas por parte de familiares de la señalada agresora, audios que aseguran ya fueron entregados a las autoridades.
El principal reclamo hoy es la demora en el proceso judicial. Afirman que se han programado varias audiencias, pero muchas han sido aplazadas sin una explicación clara. “Nosotros siempre hemos estado presentes. Es por parte de ella que piden aplazar y se los conceden, pero no nos dicen por qué”, explicó la sobrina de Fernando. La audiencia más reciente, prevista para el 23 de enero, también fue reprogramada.
Mientras tanto, aseguran que la mujer continúa con su vida con normalidad y que en las audiencias se muestra tranquila, sin aceptar cargos ni pedir perdón.
El impacto emocional en la familia ha sido profundo, especialmente en la madre de Fernando. “Mi abuelita está muy enferma, no come, no duerme, cree escucharlo. Para una mamá esto es devastador”, expresó Jéssica.
El llamado de los familiares es a que el caso no siga dilatándose. “Necesitamos que la justicia actúe. Queremos cerrar este capítulo para poder tener algo de paz”, concluyeron, insistiendo en que todas las víctimas merecen un proceso justo y oportuno.
De acuerdo con los datos proporcionados por Q’hubo Bogotá.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.