¿Megacárceles al estilo Bukele en Colombia? Gobierno envió una delegación a El Salvador
Una delegación del Gobierno colombiano visitó El Salvador para conocer el modelo carcelario de Bukele, mientras se debate construir diez megacárceles.
COLOMBIA, 17 de octubre de 2026 – Una delegación del Gobierno colombiano viajó a El Salvador para conocer las estrategias de seguridad y el funcionamiento del modelo carcelario impulsado por el presidente Nayib Bukele, en momentos en que la administración de Abelardo de la Espriella plantea construir diez megacárceles en Colombia.
La visita se realizó el martes 13 de octubre y estuvo encabezada por Carlos Gónima, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, quien sostuvo un encuentro con Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de El Salvador.
De acuerdo con una publicación de La Silla Vacía, el propósito de la reunión fue intercambiar conocimientos y experiencias que puedan contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario colombiano.
El Ministerio de Seguridad de El Salvador señaló que durante el encuentro se compartieron «de primera mano el modelo Bukele y las estrategias de seguridad lideradas por el presidente».
El acercamiento ocurre mientras el Gobierno colombiano mantiene entre sus propuestas la construcción de diez grandes establecimientos penitenciarios, una iniciativa que el presidente De la Espriella ha mencionado en diferentes escenarios públicos y que también ha sido abordada por su ministro de Justicia, Iván Cancino.
Sin embargo, la experiencia salvadoreña no está exenta de controversias. El modelo de seguridad aplicado por Bukele, caracterizado por el encarcelamiento masivo durante el régimen de excepción, ha recibido cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y de organismos internacionales.
Entre ellos se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha documentado preocupaciones relacionadas con las garantías judiciales y las condiciones de las personas privadas de la libertad en El Salvador.
Según información de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario, recogida por El Espectador, 575 personas habrían fallecido bajo custodia estatal sin contar con una condena. Esta cifra corresponde a los registros denunciados por la organización y no debe confundirse con un balance judicial definitivo.
La misma organización ha señalado que, desde la instauración del régimen de excepción, más de 93.000 personas han sido encarceladas en El Salvador. Además, ha advertido sobre la posibilidad de que una parte considerable de los detenidos por cargos de menor responsabilidad sea puesta en libertad.
En Colombia, el debate también se relaciona con las dificultades estructurales del sistema penitenciario. Una investigación de Cambio expuso que la capacidad de las cárceles colombianas aumentó apenas un 4 % durante doce años y que 94 de los 124 establecimientos penitenciarios del país superan su capacidad.
Estas cifras muestran que la construcción de nuevos centros de reclusión no constituye, por sí sola, una solución definitiva al hacinamiento.
Lina Porras, investigadora de Temblores ONG, explicó a Cambio que, si no se transforman las condiciones que provocan el aumento de la población penitenciaria, los nuevos espacios pueden volver a llenarse.
En Medellín ya avanza un proyecto que podría servir como referencia para el debate nacional: la Cárcel Metropolitana para Sindicados, concebida mediante una alianza público-privada y con capacidad proyectada para algo más de 1.300 personas privadas de la libertad.
Sobre este proyecto, Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, manifestó a La Silla Vacía que desde julio se han presentado conversaciones entre el Gobierno nacional y el Distrito en repetidas ocasiones para abordar el modelo carcelario.
Aunque la visita de la delegación colombiana a El Salvador confirma el interés por conocer las estrategias penitenciarias de ese país, la información divulgada hasta el momento no establece que Colombia haya adoptado formalmente el modelo salvadoreño ni que exista un acuerdo para reproducir sus condiciones de funcionamiento.
El debate sobre las megacárceles continúa abierto entre la necesidad de ampliar la capacidad penitenciaria, mejorar las condiciones de reclusión, garantizar los derechos fundamentales y definir políticas que respondan a las causas del hacinamiento.
Nota de redacción: Este artículo incluye información recopilada a partir del reporte original de La Silla Vacía, escrito por Juan David Pérez Martínez, y de las publicaciones del Ministerio de Seguridad de El Salvador, El Espectador y Cambio citadas en el texto. Las declaraciones atribuidas a Manuel Villa y Lina Porras corresponden a entrevistas realizadas por los respectivos medios, no por Análisis Urbano. Las cifras sobre personas fallecidas bajo custodia en El Salvador se presentan como registros denunciados por Socorro Jurídico Humanitario.
A.U.