Migración Colombia entrega a las autoridades en Nariño a hombre deportado desde Ecuador
De acuerdo con la información suministrada por la autoridad migratoria, sobre el hombre existía un requerimiento por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte o tráfico de armas de fuego.
Nariño, Colombia, 13 agosto de 2026. – Un ciudadano colombiano que llegó al país en calidad de deportado desde Ecuador fue dejado a disposición de las autoridades luego de establecerse que era requerido por varios delitos, informó Migración Colombia.
De acuerdo con la información suministrada por la autoridad migratoria, sobre el hombre existía un requerimiento por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte o tráfico de armas de fuego.
El ciudadano ingresó a territorio colombiano después de ser deportado por las autoridades ecuatorianas. Tras verificar su situación, Migración Colombia lo dejó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.
El reporte oficial no precisa la identidad del hombre, el lugar exacto de Nariño donde se realizó el procedimiento, la autoridad judicial que lo requería ni los hechos específicos relacionados con los delitos señalados.
Tampoco fueron informadas las circunstancias que originaron su deportación desde Ecuador, por lo que no es posible establecer, con la información disponible, si esa medida está relacionada con el proceso judicial que enfrenta en Colombia.
El ciudadano quedó bajo disposición de las autoridades para que continúen las actuaciones correspondientes dentro del debido proceso.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.