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Militarización de Santa Marta divide a dirigentes políticos

La militarización de Santa Marta genera un choque político entre dirigentes que respaldan el despliegue y quienes cuestionan la estrategia de seguridad.

Laura P 3 min de lectura
Militarización de Santa Marta divide a dirigentes políticos

Santa Marta, 24 de septiembre de 2026 – La militarización de Santa Marta ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella generó posiciones encontradas entre dirigentes políticos, luego de una jornada marcada por amenazas, cierres comerciales y quema de vehículos relacionados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según información publicada por Infobae Colombia, la medida fue adoptada después de una operación militar en la que murieron siete integrantes de las ACSN, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo. El mandatario anunció el despliegue el 22 de septiembre y aseguró: “He ordenado, como presidente de la República, que Santa Marta sea militarizada”.

La decisión encontró respaldo en dirigentes como la exsenadora María Fernanda Cabal, quien destacó la presencia de soldados y aeronaves militares en la ciudad. “Eso es Estado. Eso es control. Funciona más que mil discursos de “paz”” El senador Marcos Daniel, del Partido Conservador, también apoyó la actuación gubernamental y manifestó: “Apoyamos la decisión del Gobierno de militarizar Santa Marta ante la amenaza de paro armado”.

En contraste, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, advirtió que incrementar el número de tropas no garantiza por sí solo una solución a la crisis. “Militarizar Santa Marta no garantiza la seguridad. Enviar más tropas sin una estrategia integral puede intensificar los combates y dejar a la población civil más expuesta. Se necesita inteligencia, protección de las comunidades y acciones contra el narcotráfico, las economías ilegales y las disputas territoriales. Sin medidas que enfrenten las causas de fondo, la fuerza militar no basta. Negar la realidad desde una camioneta blindada es sencillo pero equivocado”, sostuvo.

Una posición intermedia fue expresada por la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. Aunque respaldó la presencia de la Fuerza Pública, pidió que las operaciones sean planeadas, cuenten con inteligencia y estén dirigidas contra las estructuras armadas. “Estamos de acuerdo con desplegar la Fuerza Pública. Pero ese despliegue debe estar planeado, apoyado en inteligencia y dirigido contra los grupos armados”, dijo.

Peralta también informó sobre las afectaciones que enfrentaba Santa Marta durante la crisis. Según las cifras divulgadas por la congresista y recogidas por el medio original, permanecían cerrados los colegios públicos y el mercado, además de registrarse interrupciones en el transporte. También reportó cierres del 99 % de las tiendas, 80 % de los comercios y 90 % de los establecimientos gastronómicos.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la manera en que el Gobierno presentó su respuesta a la crisis y criticó el recorrido realizado por De la Espriella por las calles de la ciudad. “La seguridad se demuestra protegiendo a la gente, no posando de héroe”, escribió.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, también cuestionó aspectos del despliegue y sostuvo que buena parte de Santa Marta permanecía cerrada pese a la presencia militar. “Vídeo de las 3.31 de la tarde de hoy. Avenida del Libertador Santa Marta. La ciudad cerrada al 80%. Sacar los Kafir (cosa que no sirve para nada en este tipo de escenarios), hablar duro, cargar un radio y vestir de verde oliva no combate el crimen”.

En sentido contrario, el excandidato presidencial David Luna respaldó la actuación de las Fuerzas Militares y relacionó lo sucedido con el fortalecimiento de estructuras criminales en Magdalena. Sobre la respuesta de las autoridades sostuvo: “Las Fuerzas Militares hacen bien en retomar el control”.

La crisis ha tenido consecuencias económicas. De acuerdo con un balance preliminar de la Cámara de Comercio de Santa Marta citado por Infobae, las afectaciones a la movilidad y a las condiciones de seguridad representan cerca de $39.590 millones que la ciudad deja de mover diariamente.

Las distintas posiciones mantienen abierto el debate sobre el alcance de la militarización y las medidas que deberían acompañar el despliegue de la Fuerza Pública para enfrentar a las estructuras armadas y recuperar la actividad habitual de Santa Marta.

Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por el portal de noticias Infobae Colombia.

A.U.

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