Minería ilegal en Segovia: intervienen dos unidades mineras y tres retroexcavadoras
Durante la intervención, los policías localizaron dos unidades utilizadas para actividades de explotación minera ilegal y procedieron a la inutilización de tres retroexcavadoras empleadas en estas labores.
Antioquia, Colombia, 14 octubre de 2026 – La Policía Nacional intervino dos unidades de producción minera e inutilizó tres máquinas retroexcavadoras durante una operación contra la explotación ilícita de minerales desarrollada en la vereda Puerto Calavera, zona rural del municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.
Conforme con la información suministrada por las autoridades, el procedimiento se realizó el 10 de octubre y fue adelantado por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales, en el marco del lineamiento estratégico denominado «Protección del Capital Natural del País».
Durante la intervención, los policías localizaron dos unidades utilizadas para actividades de explotación minera ilegal y procedieron a la inutilización de tres retroexcavadoras empleadas en estas labores.
La maquinaria intervenida fue avaluada aproximadamente en 1.050 millones de pesos, según el reporte entregado por la Policía Nacional.
El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, informó que el procedimiento busca afectar la capacidad económica de las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de minerales y contribuir a la protección de los recursos naturales del departamento.
La institución señaló que estas operaciones forman parte de las acciones dirigidas a contrarrestar las actividades mineras ilegales y reducir su impacto sobre los recursos naturales de Antioquia.
Finalmente, la Policía informó que el procedimiento quedó a disposición de la Inspección de Policía de Segovia, autoridad encargada de las actuaciones correspondientes.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.