ONU advierte que decreto sobre protestas en Colombia podría facilitar el uso de la fuerza policial
La ONU advierte que el decreto sobre protestas en Colombia podría facilitar el uso de la fuerza policial y cuestiona las condiciones para suspender el diálogo.
Bogotá, 16 de octubre de 2026 – La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que el decreto expedido por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para regular las manifestaciones públicas podría ampliar las posibilidades de intervención policial y facilitar el uso de la fuerza contra los manifestantes.
El organismo internacional expresó su preocupación por varios aspectos de la norma, especialmente las circunstancias que permitirían suspender el diálogo entre las autoridades y quienes participan en una protesta, así como los criterios utilizados para identificar comportamientos violentos.
De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, la advertencia fue presentada mediante un documento divulgado el jueves 15 de octubre, en el que Naciones Unidas examinó las modificaciones introducidas por el decreto firmado dos días antes.
Una de las principales observaciones se refiere a la posibilidad de que determinadas situaciones permitan dar por terminada la etapa de diálogo y proceder a una intervención policial. Para la ONU, algunas disposiciones admiten interpretaciones amplias que podrían dejar esa decisión a la discrecionalidad de las autoridades.
El documento advierte que estas causales podrían facilitar el cierre del diálogo y abrir paso al empleo de la fuerza, incluso cuando dentro de una misma concentración continúen participando personas de manera pacífica.
Entre las situaciones contempladas por el decreto figuran el porte o uso de armas, las agresiones contra terceros, la retención de personas contra su voluntad y la destrucción de infraestructura.
Naciones Unidas reconoció que estos comportamientos representan riesgos de distinta gravedad, pero insistió en que deben recibir respuestas diferenciadas. En particular, señaló que la actuación contra quienes cometen hechos violentos no debería significar la interrupción del diálogo con el resto de los manifestantes.
La Oficina recordó que los estándares internacionales establecen que la fuerza, incluidas las armas menos letales, debe emplearse únicamente como último recurso, después de agotar los mecanismos no violentos de contención.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la definición de violencia incorporada en la norma. El organismo considera que esta es más amplia que la prevista en los estándares internacionales, debido a que incluye amenazas de agresión y conductas que no necesariamente ocasionan lesiones, muertes o daños graves.
En ese sentido, pidió diferenciar entre portar un objeto que pueda ser considerado un arma, amenazar con utilizarlo y emplearlo efectivamente. Según el pronunciamiento, el simple porte de un objeto de esas características no convierte automáticamente a una persona en violenta ni modifica, por sí mismo, el carácter pacífico de una manifestación.
La ONU también examinó las disposiciones relacionadas con los bloqueos de carreteras y otras vías. Al respecto, aclaró que una obstrucción no convierte automáticamente una manifestación en violenta y solicitó revisar el criterio de “perturbación grave e inminente”, ante el riesgo de que pueda utilizarse para justificar la disolución de concentraciones pacíficas.
El organismo añadió que factores como la duración de un bloqueo, la importancia de una carretera o las pérdidas económicas ocasionadas no deberían constituir, por sí solos, motivos suficientes para una intervención coercitiva.
Pese a sus cuestionamientos, la Oficina reconoció que algunas disposiciones del decreto podrían contribuir a proteger el derecho a la manifestación pacífica, particularmente aquellas que buscan distinguir entre los participantes que ejercen ese derecho y quienes realizan actos violentos.
También informó que mantuvo contactos con el Gobierno colombiano durante la elaboración de la norma y que algunas de sus propuestas fueron incorporadas al texto definitivo.
El pronunciamiento de Naciones Unidas se produce después de las movilizaciones del 14 de octubre contra las políticas del Ejecutivo, en medio del debate nacional sobre los límites de la intervención policial y las garantías constitucionales para ejercer el derecho a la protesta.
La Oficina reiteró que cualquier modificación a los protocolos de actuación de las autoridades debe mantener como prioridad la protección de las manifestaciones pacíficas y el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos.
A.U.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por la agencia internacional de noticias EFE, el 16 de octubre de 2026. Las observaciones y declaraciones corresponden al documento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recogido por dicha agencia.