Jueza de Miami firma orden de arresto contra Raúl Castro por ataque aéreo ocurrido en 1996
Una jueza de Florida ordenó arrestar a Raúl Castro por presunta conspiración en el derribo de dos avionetas en 1996, que causó cuatro muertes.
ESTADOS UNIDOS, 19 de octubre de 2026 – Una jueza de Florida emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en una conspiración para cometer asesinato en primer grado, relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas.
La decisión fue adoptada por Ariana Fajardo Orshan, jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, quien consideró que existían elementos suficientes para autorizar la orden de captura contra el exmandatario.
Según información publicada por El Espectador e Infobae, la orden judicial fue firmada el viernes 16 de octubre y anunciada públicamente este lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
La investigación busca establecer la responsabilidad de Castro, quien para la época de los hechos se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
El expediente sostiene que el exdirigente habría participado en una operación coordinada con agentes de inteligencia cubanos que desarrollaban actividades de espionaje en Miami y Cayo Hueso, en el estado de Florida.
De acuerdo con la declaración jurada presentada ante el tribunal, dos agentes cubanos se habrían infiltrado en Hermanos al Rescate para recopilar información sobre los desplazamientos de las aeronaves utilizadas por la organización.
Los investigadores señalan que los presuntos espías transmitían datos sobre los vuelos y también reunían información relacionada con la base aérea naval de Cayo Hueso.
Según el documento judicial, integrantes de esa red habrían recibido instrucciones de no viajar con Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de los agentes abandonó Florida el 23 de febrero, un día antes del ataque.
La Fiscalía considera que estas actuaciones constituyen indicios de una presunta conspiración organizada desde territorio estadounidense para facilitar el derribo de las aeronaves.
El 24 de febrero de 1996, dos avionetas Cessna desarmadas, que habían despegado del aeropuerto de Opa-Locka, en Miami-Dade, fueron derribadas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana.
Las aeronaves pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización establecida en Miami que realizaba labores de búsqueda y asistencia a cubanos que intentaban abandonar la isla por vía marítima.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal en ese país.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los aviones se encontraban sobre aguas internacionales cuando fueron alcanzados por misiles aire-aire.
El Gobierno cubano, por su parte, había defendido que las aeronaves estaban en aguas bajo jurisdicción de Cuba. Sin embargo, Estados Unidos y una investigación de Naciones Unidas concluyeron que el derribo se produjo fuera del espacio territorial cubano.
Durante el anuncio de la nueva actuación judicial, el fiscal general James Uthmeier responsabilizó directamente al expresidente de lo ocurrido.
«Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista», afirmó el funcionario, según la declaración difundida por la Fiscalía.
La acusación estatal se suma al proceso adelantado por la justicia federal estadounidense, que en mayo de 2026 formuló cargos contra Castro por su presunta responsabilidad en los mismos hechos, incluidos delitos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
La investigación en Florida había sido reabierta por las autoridades estatales con el propósito de examinar la participación del exmandatario en el ataque ocurrido hace tres décadas.
La orden emitida por la jueza Fajardo Orshan contempla un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado y fue expedida sin derecho a fianza.
No obstante, la existencia de la orden judicial no significa que Raúl Castro haya sido detenido ni que exista una sentencia condenatoria en su contra.
El fiscal Uthmeier reconoció las dificultades para ejecutar la captura mientras el expresidente permanezca en Cuba, aunque advirtió que una eventual salida hacia un país con acuerdos de extradición podría abrir la posibilidad de solicitar su entrega a las autoridades estadounidenses.
«Aunque hoy no lo vamos a llevar a la cárcel, al menos que yo sepa —no sé, quizá haya alguna sorpresa—, esto tiene consecuencias reales, no es solo un papel», manifestó el fiscal, de acuerdo con El Espectador.
La nueva decisión judicial se conoce en medio de un deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento de las medidas de presión y las sanciones estadounidenses contra Cuba.
El caso también ha generado una respuesta del Gobierno cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel rechazó la orden de arresto y cuestionó su fundamento jurídico, al considerar que responde a motivaciones políticas.
Por ahora, la orden permanece vigente y el proceso judicial continúa abierto. Corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades penales atribuidas al expresidente cubano, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
Nota de redacción y autoría: Este artículo incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por El Espectador e Infobae, así como del comunicado oficial de las autoridades de Florida. La redacción y estructura son una elaboración periodística propia de Análisis Urbano. Las declaraciones corresponden a las fuentes citadas y no a entrevistas realizadas por este medio.
A.U.