Oriente antioqueño bajo alerta tras el asesinato de dos jóvenes en zona rural de San Rafael
Finalmente, Corpades sostuvo que este doble homicidio ocurre en medio de reiteradas denuncias sobre el incremento de la violencia en el Oriente antioqueño…

Antioquia, Colombia, 19 junio de 2026.- El asesinato de los hermanos Andrés Felipe y Ricardo José Salazar Hernández en la vereda La Araña, zona rural del municipio de San Rafael, volvió a encender las alertas sobre la situación de seguridad en el Oriente antioqueño. El caso, ocurrido la noche del 17 de junio, generó pronunciamientos de la ONG Corpades y reabrió el debate sobre las estrategias para enfrentar la violencia en la región.
Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, denunció a través de su cuenta oficial en la red social X que este doble homicidio refleja el deterioro de la seguridad en el Oriente de Antioquia y cuestionó la ausencia de una estrategia integral que supere las disputas políticas entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional.
Según la información conocida, Andrés Felipe Salazar Hernández, de 25 años, y Ricardo José Salazar Hernández, de 18, fueron atacados con arma de fuego en el sector La Araña, un paraje rural ubicado sobre la vía que comunica a San Rafael con Guatapé.
De acuerdo con información publicada por El Colombiano, los dos jóvenes apenas habían cursado la educación primaria y trabajaban como jornaleros y ayudantes en labores de construcción, jardinería y otros oficios ocasionales para contribuir al sustento de su familia.
Silvia Elena Salazar, tía de las víctimas, relató a ese medio que ambos residían junto a sus madres, el padrastro, una hermana mayor y una sobrina de diez años. También aseguró que no eran personas conflictivas y que mantenían numerosas amistades en el municipio.
La familiar explicó que la noche del crimen ambos asistían a un establecimiento de la vereda La Araña donde varias personas observaban el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán. Según su versión, alguien los llamó y ambos se alejaron aproximadamente dos cuadras del lugar antes de ser atacados.
La Policía Antioquia informó que el doble homicidio ocurrió hacia las 10:00 de la noche y que los responsables serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Por su parte, la secretaria de Gobierno de San Rafael, María Paula Colorado, indicó que los organismos investigativos avanzan en el esclarecimiento de los hechos y señaló que se reforzó la presencia institucional en la zona mientras continúan las pesquisas para identificar a los responsables y establecer los móviles del crimen.
Familia inició colecta para cubrir gastos funerarios
Tras el asesinato, la ONG Corpades informó que, con base en información divulgada por el medio Mi Oriente, la familia de los hermanos Salazar Hernández inició una colecta pública para reunir recursos destinados a cubrir los gastos exequiales.
De acuerdo con esa publicación, los costos iniciales de los servicios parroquiales y funerarios ascienden a cerca de 11 millones de pesos, cifra que podría aumentar dependiendo de los procedimientos judiciales relacionados con el caso, entre ellos el eventual traslado de los cuerpos a Medicina Legal en el municipio de La Ceja.
La Secretaría de Gobierno de San Rafael informó que el municipio asumirá el transporte de los cuerpos desde La Ceja hasta San Rafael y entregará un auxilio funerario por un millón de pesos para apoyar a la familia.
Silvia Elena Salazar explicó que amigos y allegados adelantan una campaña solidaria entre habitantes del municipio para recaudar fondos que permitan cubrir los costos restantes de las honras fúnebres.
Corpades insiste en revisar las políticas de seguridad
Finalmente, Corpades sostuvo que este doble homicidio ocurre en medio de reiteradas denuncias sobre el incremento de la violencia en el Oriente antioqueño y consideró que el caso reabre la discusión sobre la efectividad de la denominada tasa de seguridad que pagan los ciudadanos.
La organización recordó que, según declaraciones del secretario de Gobierno de Antioquia, dicho recaudo no tendría como finalidad prevenir o contener directamente los fenómenos de inseguridad, situación que, a juicio de la ONG, merece un debate público frente al aumento de hechos violentos registrados en la región.
A.U.
