Policía desmantela red transnacional de narcotráfico y lavado de dinero
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Operación internacional permitió la captura en Colombia y España
RISARALDA/ANTIOQUIA/BOLÍVAR/BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. (9 OCT 2025) – Una operación internacional coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, EUROPOL y agencias federales de los Estados Unidos, permitió la captura de cinco presuntos integrantes de una red delictiva organizada dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico. La red tendría vínculos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y estructuras del crimen organizado en Europa.
Tres de los capturados fueron detenidos en Madrid e Ibiza (España), y los otros dos en las ciudades de Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia). Entre ellos se encuentran Pablo Felipe Prada Moriones, alias Black Jack, La Firma o Magno; su hermano Santiago Prada Moriones, alias Marco; y Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas. Todos eran buscados con notificación roja de Interpol en 196 países por delitos relacionados con lavado de activos, tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Envíos de droga en cargamentos de frutas y cambios en la modalidad operativa
La organización, liderada por alias Black Jack, utilizaba contenedores con cargamentos de plátanos, gulupa, piñas y frutos secos para ocultar clorhidrato de cocaína, modificando físicamente los envases en puertos de Colombia y Ecuador. Estas cargas eran enviadas hacia Centroamérica y Europa. Paralelamente, la estructura criminal evolucionó de métodos tradicionales de lavado como el sistema Hawala, hacia el uso de criptoactivos, aprovechando el seudoanonimato y el alcance global de estas plataformas digitales.
Capturas clave en Pereira y Medellín
En Pereira fue capturado Jimmy García Solarte, alias El Transportador, señalado de recibir en Colombia el dinero proveniente del narcotráfico mediante el sistema Hawala. Este método usaba fragmentos de billetes con números de serie coincidentes como clave de autenticación para las transacciones ilegales.
Por otro lado, en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín fue detenida Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias La Contadora, quien figuraba como representante legal de varias empresas fachada creadas presuntamente por alias Black Jack y Marco para facilitar el lavado de activos.
Expansión internacional y uso de criptocomunicaciones
Desde 2022, esta organización habría constituido empresas de activos virtuales en España, Lituania, EE. UU., Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. El flujo de dinero también se extendía a través de México, Países Bajos, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, España y Alemania.
Alias Black Jack también empleaba sistemas de comunicación criptográfica y plataformas cifradas de mensajería instantánea para coordinar las actividades delictivas, lo que dificultó las labores de rastreo por parte de las autoridades.
Extinción de dominio y extradición en curso
Como parte de las acciones judiciales, se ordenaron medidas cautelares sobre 25 inmuebles, 9 empresas y 15 vehículos, por un valor estimado de 53 mil millones de pesos, ubicados en Risaralda, Antioquia, Bolívar y Bogotá D.C.. Además, se solicitó la notificación plata de Interpol para la persecución de bienes en el exterior, tras confirmarse la adquisición de un inmueble en Miami por parte de Santiago Prada Moriones.
Los tres capturados en España están en proceso de extradición a Colombia, mientras que los detenidos en el país fueron presentados ante jueces de control de garantías. La Fiscalía les imputó cargos por lavado de activos con sustento en narcotráfico, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.