Policía investiga crimen del hijo de comerciante asesinado en Santa Marta
Una de las hipótesis que está siendo evaluada por los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas, presuntamente vinculado a exigencias extorsivas que no habrían sido atendidas.
El ataque ocurrió cerca del colegio La Industrial y generó alerta ciudadana.
MAGDALENA, COLOMBIA (25 DIC 2025) – Las autoridades intensifican las labores investigativas para esclarecer el homicidio de Junior Urbano Pindo, hijo de un reconocido empresario del sector agrocomercial en Santa Marta. El crimen, ocurrido recientemente en inmediaciones del colegio La Industrial, ha generado consternación entre la ciudadanía y preocupación en el gremio comercial de la capital del Magdalena.
Una de las hipótesis que está siendo evaluada por los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas, presuntamente vinculado a exigencias extorsivas que no habrían sido atendidas. Sin embargo, la Policía Metropolitana aclaró que esta línea de investigación aún está en fase de verificación y no se ha confirmado de manera oficial.
La recolección de material probatorio avanza, incluyendo el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector y la toma de declaraciones a testigos que podrían aportar información clave para reconstruir los hechos previos al ataque.
Las autoridades continúan contrastando toda la información disponible con el objetivo de establecer las causas reales del crimen, así como identificar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho violento que ha causado alarma en distintos sectores de la ciudad.
Conforme a los datos de Santa Marta Al Día.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.