Policía Nacional impulsa la conciliación gratuita para resolver conflictos sin acudir a los juzgados
De acuerdo con la información oficial, actualmente la Policía Nacional dispone de 17 Centros de Conciliación y Mediación distribuidos en las ocho regiones de Policía, con presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Popayán, Santa
Bogotá, Colombia, 10 junio de 2026. – En desarrollo de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia (S2D), la Policía Nacional continúa consolidando los Centros de Conciliación y Mediación como uno de los principales mecanismos para prevenir la conflictividad social y facilitar la resolución pacífica de controversias sin necesidad de acudir a procesos judiciales.
Según lo informó la institución, este servicio gratuito permite que miles de ciudadanos solucionen diferencias relacionadas con asuntos familiares, vecinales, comerciales, civiles e incluso algunos procesos conciliables en materia penal, antes de que escalen a hechos de violencia o litigios prolongados.
De acuerdo con la información oficial, actualmente la Policía Nacional dispone de 17 Centros de Conciliación y Mediación distribuidos en las ocho regiones de Policía, con presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Popayán, Santa Marta y Florencia, siendo esta última la sede más recientemente inaugurada.
Atención gratuita y acuerdos con respaldo legal
Según lo informó la Policía Nacional, los ciudadanos pueden acudir a estos centros para resolver conflictos relacionados con la convivencia ciudadana, disputas entre vecinos, diferencias por ruido excesivo, mascotas, uso de espacios comunes, cuotas alimentarias, acuerdos de separación, regulación de visitas, desacuerdos comerciales, obligaciones civiles e incumplimientos contractuales.
De acuerdo con la entidad, el acceso al servicio no requiere la asistencia de un abogado. Las solicitudes pueden presentarse de manera presencial o virtual y, una vez verificados los requisitos legales, un conciliador acompaña el proceso para facilitar acuerdos que cuentan con plena validez jurídica y mérito ejecutivo, conforme a lo establecido en la Ley 2220 de 2022.
El mayor David Camargo, jefe del Área de Solución de Conflictos de la Inspección General, afirmó que el objetivo es intervenir antes de que las diferencias deriven en hechos de violencia.
“No esperamos a que los conflictos se conviertan en violencia. Este es un canal de comunicación entre la institución y la sociedad en general para concertar y solucionar legalmente sus diferencias que fortalezcan la convivencia y seguridad ciudadana”, señaló el oficial.
Asimismo, el mayor Camargo destacó que actualmente la Policía Nacional es la institución que más conciliaciones realiza en Colombia, lo que, según explicó, demuestra que la seguridad también se fortalece mediante la resolución pacífica de conflictos, el acercamiento de la justicia a las comunidades y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
De acuerdo con la información suministrada por la institución, esta capacidad representa una herramienta de transformación social que busca prevenir confrontaciones, reducir tensiones comunitarias y fortalecer los entornos de convivencia en todo el territorio nacional.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar promoviendo soluciones pacíficas, legales y efectivas que contribuyan a la construcción de una sociedad más segura, dialogante y cohesionada mediante el diálogo, la conciliación y el respeto entre los ciudadanos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.