Denuncias por posibles “falsos positivos” golpean la política de seguridad de De la Espriella
Tres casos relacionados con actuaciones de la Fuerza Pública reabren el debate sobre posibles falsos positivos y generan pedidos de investigación en Colombia.
BOGOTÁ, COLOMBIA, 29 de septiembre de 2026 – Tres casos recientes relacionados con actuaciones de la Fuerza Pública han reabierto en Colombia el debate sobre los denominados “falsos positivos” y generado cuestionamientos alrededor de la política de seguridad implementada durante los primeros meses del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.
Las denuncias involucran las muertes de Ricardo Martínez y Donovan Balanta, así como la desaparición de Luis Carlos Mojica Guzmán. Familiares, comunidades y organizaciones han reclamado investigaciones que permitan determinar las circunstancias particulares de cada caso y establecer eventuales responsabilidades.
La Jornada reseñó los tres hechos dentro de un análisis sobre los cuestionamientos que enfrenta actualmente la estrategia de seguridad del Gobierno. Sin embargo, las denuncias no equivalen por sí mismas a una determinación judicial de que se trate de ejecuciones extrajudiciales.
Uno de los casos corresponde a Ricardo Martínez, un joven de 18 años cuya muerte se produjo durante una operación de la Fuerza Pública en zona rural cercana a Santa Marta contra una estructura armada ilegal.
Su familia sostiene que Martínez era un campesino dedicado a trabajar como jornalero y que no pertenecía a ninguna organización criminal. Su madre, Marelvis Rodríguez, ha pedido esclarecer las circunstancias en las que murió y rechazó que fuera presentado como integrante de una estructura ilegal.
El caso surgió después de una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en medio de la ofensiva de las autoridades contra esta estructura armada ilegal en el Magdalena.
La versión de la familia abrió interrogantes sobre la identidad y participación del joven en los hechos, aspectos que deberán ser establecidos mediante las investigaciones correspondientes.
Otro episodio que ha generado cuestionamientos es la desaparición del campesino Luis Carlos Mojica Guzmán en La Macarena, Meta.
De acuerdo con las denuncias recogidas por las fuentes, habitantes de la zona y representantes comunitarios han señalado a integrantes del Ejército por su presunta participación en la desaparición.
La comunidad ha reclamado información sobre su paradero y exige que las autoridades esclarezcan qué ocurrió.
Organizaciones que hacen seguimiento al conflicto también han recogido estas denuncias. Las acusaciones contra integrantes de la Fuerza Pública continúan sujetas a investigación y no constituyen, por sí solas, una conclusión sobre responsabilidad individual o institucional.
El tercer caso es el de Donovan Balanta, quien murió después de un procedimiento policial ocurrido el 20 de septiembre en Caracolí, sector ubicado entre Bogotá y Soacha.
Videos difundidos después del procedimiento muestran el momento en que Balanta fue reducido por varios uniformados. Familiares y organizaciones han cuestionado el uso de la fuerza durante su detención y han exigido establecer qué ocurrió desde el momento de la intervención policial hasta su posterior fallecimiento.
Siete policías relacionados con el procedimiento fueron apartados temporalmente mientras avanzan las investigaciones.
El caso también motivó un pronunciamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió una investigación independiente, pronta y exhaustiva sobre las circunstancias de su muerte.
CONNECTAS analiza estos episodios dentro de un contexto más amplio: la preocupación de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos por la posibilidad de que la presión para mostrar resultados operacionales termine generando abusos contra la población civil.
El concepto de “falsos positivos” tiene un significado especialmente grave en Colombia. La expresión ha sido utilizada para referirse a civiles asesinados ilegítimamente por integrantes de la Fuerza Pública y posteriormente presentados como bajas en combate.
Por esa razón, establecer si alguno de los episodios recientes corresponde a una ejecución extrajudicial exige investigaciones independientes y evidencia que permita reconstruir cada hecho, determinar la actuación de los involucrados y establecer responsabilidades.
La controversia aparece en momentos en que el Gobierno De la Espriella ha intensificado las operaciones militares y policiales contra estructuras armadas ilegales, narcotráfico y otras organizaciones criminales.
La política de seguridad del Ejecutivo se ha caracterizado además por una amplia divulgación pública de capturas, incautaciones y resultados de las operaciones de la Fuerza Pública.
En este escenario, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de que la ofensiva estatal contra los grupos armados esté acompañada de garantías para la población civil y controles sobre la actuación de militares y policías.
Los casos de Ricardo Martínez, Luis Carlos Mojica Guzmán y Donovan Balanta se encuentran ahora en el centro de ese debate.
Las investigaciones deberán determinar qué ocurrió individualmente en cada episodio y si existieron actuaciones ilegales de integrantes de la Fuerza Pública. Mientras esas pesquisas avanzan, calificarlos de manera concluyente como “falsos positivos” supondría anticipar una determinación que corresponde establecer a las autoridades competentes.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por las agencias de La Jornada y Connectas.
A.U.