¿Quién asesinó a Lucero? Soacha ofrece $50 millones para esclarecer el crimen
De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color negro llegaron hasta el lugar. Uno de ellos habría disparado en repetidas ocasiones contra Mendoza, mientras que su acompañante permanecía en el vehículo.
El alcalde Julián Sánchez Perico condenó el asesinato y ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita llevar a los responsables ante la justicia.
CUNDINAMARCA, COLOMBIA, 17 de octubre de 2026 – La muerte violenta de Lucero Ramírez Molina, reconocida por su trabajo comunitario en el barrio Villa Sandra, de la comuna 4 de Soacha, es materia de investigación por parte de las autoridades. La mujer fue atacada con arma de fuego durante la tarde del viernes 16 de octubre y, tras confirmarse su fallecimiento, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.
El homicidio ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde en el mismo sector donde Lucero había desarrollado buena parte de su labor social. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Oriunda del municipio de Quípama, Boyacá, Ramírez Molina se había establecido años atrás en Soacha junto a su familia. Durante aproximadamente tres décadas participó en iniciativas comunitarias dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Villa Sandra.
Su trayectoria incluyó actividades relacionadas con la Junta de Acción Comunal (JAC), organización de la que fue presidenta, así como gestiones para conseguir obras de infraestructura y oportunidades de formación para los jóvenes.
Entre las iniciativas que promovió se encontraban trabajos de mejoramiento de alcantarillado y la búsqueda de apoyos que permitieran a jóvenes del sector acceder a estudios universitarios o desarrollar proyectos de emprendimiento.
En sus redes sociales compartía algunas de estas actividades. En julio de 2024 publicó un video en el que agradeció a la administración municipal y a quienes colaboraron con la entrega de tubería destinada a una obra comunitaria.
Tras conocerse el asesinato, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó lo sucedido y anunció medidas para contribuir al esclarecimiento del crimen.
«He ordenado a las autoridades adelantar todas las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con los responsables», expresó el mandatario.
El alcalde también confirmó la recompensa: «Ofrecemos una recompensa de $50 millones por información que permita identificarlos y llevarlos ante la justicia».
Por su parte, el coronel Jorge Delgado informó sobre el despliegue de capacidades de investigación e inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con la administración municipal, para avanzar en la identificación de los responsables.
La institución policial expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la lideresa, además de reiterar su compromiso con las investigaciones.
Entre las circunstancias que deberán esclarecerse se encuentran versiones extraoficiales según las cuales Lucero Ramírez Molina habría recibido amenazas antes de su asesinato. También se conocieron señalamientos sobre un presunto intento de incendiar su vivienda durante los días anteriores al crimen.
Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente y corresponderá a las autoridades determinar su veracidad y establecer si existe alguna relación con el homicidio.
La muerte de Lucero Ramírez Molina deja a la comunidad de Villa Sandra sin una de las mujeres que durante años participó en la gestión de iniciativas sociales y comunitarias.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este asesinato.
Según lo informado por Q’hubo Bogotá.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.