¿Quién dijo que portar grandes cantidades de dinero o metales preciosos es ilícito? Lo ilegal es convertir controles policiales en condenas mediáticas
El caso reciente de un ciudadano que viajaba en un bus entre Medellín y Bogotá con más de cien esmeraldas y que inicialmente fue presentado como presunto responsable de lavado de activos ilustra esta discusión.
No existe la presunción de inocencia cuando se trata de mostrar resultados a toda costa. Los “falsos positivos” son hijos de esa fea costumbre practicada por algunas autoridades en el país
Colombia, 9 marzo de 2026.- En los últimos años se ha vuelto frecuente que, tras operativos de control en carreteras o terminales de transporte, las autoridades presenten públicamente capturas o incautaciones relacionadas con dinero en efectivo, oro o piedras preciosas. Las imágenes de bolsas llenas de billetes o recipientes con gemas suelen circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, acompañadas de titulares que sugieren la desarticulación de complejas estructuras criminales.
Sin embargo, detrás de algunos de estos episodios existe una realidad jurídica más compleja: en Colombia no es ilegal portar grandes sumas de dinero en efectivo ni transportar metales o minerales preciosos, siempre que pueda demostrarse su origen lícito. Este principio, que parece elemental dentro de un Estado de derecho, se ha convertido en motivo de debate cuando los procedimientos policiales terminan exponiendo públicamente a ciudadanos que posteriormente logran acreditar la legalidad de los bienes que transportaban.
El caso reciente de un ciudadano que viajaba en un bus entre Medellín y Bogotá con más de cien esmeraldas y que inicialmente fue presentado como presunto responsable de lavado de activos ilustra esta discusión. Más allá del desenlace particular del caso, el episodio plantea preguntas relevantes: ¿qué dice realmente la ley colombiana sobre portar dinero o minerales? ¿Hasta dónde pueden llegar los controles de las autoridades? ¿Y qué ocurre cuando se expone públicamente a una persona antes de verificar plenamente los hechos?
El dinero en efectivo domina la economía
En Colombia, a pesar del crecimiento de las billeteras digitales y los pagos electrónicos, el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago predominante. Según estudios del Banco de la República, cerca del 77,8 % de las transacciones y el 78,6 % del valor total de los pagos en el país se realizan en efectivo.
Este dato explica por qué muchas personas, entre ellas comerciantes, empresarios, compradores de ganado, joyeros o negociantes de minerales, necesitan movilizar cantidades significativas de dinero entre ciudades o regiones. En muchos casos, estos movimientos responden simplemente a la dinámica cotidiana del comercio.
Por esta razón, la legislación no establece un límite máximo de dinero en efectivo que una persona pueda transportar dentro del territorio nacional. Es decir, un ciudadano puede trasladarse entre ciudades con cualquier suma de dinero sin que, por el solo hecho de la cantidad, esté cometiendo un delito.
Origen de los recursos
No es delito portar dinero: lo que sanciona la ley es el origen ilícito. El delito que normalmente se menciona en estos procedimientos es el de Lavado de activos, previsto en el artículo 323 del Código Penal Colombiano. Esta norma sanciona a quien adquiera, transporte, administre o custodie bienes provenientes de actividades ilícitas, o a quien realice maniobras para ocultar su origen.
La diferencia es sustancial. La ley no penaliza la cantidad de dinero, sino su procedencia ilegal. Por esa razón, si una persona transporta una suma elevada (por ejemplo, producto de una venta, una negociación comercial o una transacción empresarial) y puede demostrarlo con facturas, contratos, recibos o movimientos bancarios, no existe conducta delictiva alguna.
No obstante, las autoridades sí tienen la facultad de realizar verificaciones cuando encuentran situaciones que les generen sospecha. Estas facultades se relacionan con normas de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como las disposiciones contenidas en la Ley 1121 de 2006, que fortaleció los mecanismos de control financiero en el país.
Además, entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) tienen la función de analizar movimientos financieros inusuales que puedan estar relacionados con actividades criminales.
Sin embargo, la sospecha inicial no equivale a culpabilidad, ni debería traducirse automáticamente en una exposición pública del ciudadano como si se tratara de un delincuente comprobado.
Cruzar fronteras
El escenario cambia cuando el dinero o los valores se transportan fuera o hacia el país. En estos casos sí existe una regla legal: cualquier persona que ingrese o salga de Colombia con más de 10.000 dólares estadounidenses en efectivo (o su equivalente en otra moneda) debe declararlo ante la autoridad aduanera.
Este procedimiento se realiza ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante el Formulario 530, denominado Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero-Viajeros.
El objetivo no es prohibir el transporte de grandes sumas, sino garantizar la trazabilidad del dinero y prevenir delitos financieros internacionales.
Cuando un viajero omite esta declaración y transporta montos superiores al límite, puede enfrentar sanciones administrativas previstas en normas como el Decreto 2245 de 2011, que contempla multas que pueden oscilar entre el 20 % y el 100 % del valor no declarado, además de la retención del dinero mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.
Llevar consigo oro, esmeraldas…
Similar ocurre con el transporte de minerales, especialmente oro, plata o esmeraldas. Colombia es uno de los principales productores de esmeraldas del mundo, por lo que su comercialización y transporte están regulados por la legislación minera, particularmente el Código de Minas (Ley 685 de 2001).
Esta normativa permite la compra, venta y transporte de minerales, siempre que provengan de actividades legales y autorizadas. Para ello existen mecanismos de registro y certificación que permiten verificar su procedencia.
En el caso del oro y otros minerales metálicos, por ejemplo, es frecuente exigir el registro en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), administrado por la Agencia Nacional de Minería.
En cuanto a las esmeraldas, los comerciantes suelen respaldar las transacciones mediante facturas, certificados de origen o documentos de compra, que permiten demostrar que las gemas provienen de actividades legales.
En términos generales, transportar esmeraldas dentro del país es completamente legal, siempre que se pueda demostrar su procedencia. Incluso cuando se trata de piezas talladas o joyas, normalmente basta con conservar el comprobante de compra.
El problema no es el control, sino la exposición prematura. Preocupa la manera en que se gestionan los procedimientos de las autoridades, quienes tienen la facultad para realizar controles, necesarios en la lucha contra el crimen organizado, pero…
La Constitución consagra principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, que obligan a las autoridades a tratar a toda persona como inocente mientras no exista una decisión judicial en su contra.
Sin embargo, en algunos operativos la narrativa institucional se adelanta a los hechos. Las capturas o incautaciones se anuncian como logros contundentes antes de que se verifique plenamente la legalidad de los bienes o se esclarezca la situación jurídica del implicado. Cuando posteriormente se demuestra la legalidad del dinero o de los minerales transportados, el daño reputacional ya está hecho.
El enfoque debería centrarse en facilitar los mecanismos para verificar el origen de los bienes, en lugar de asumir inmediatamente su carácter ilícito. En la práctica, esto significa permitir que el ciudadano tenga la oportunidad de presentar documentos, facturas, contratos o certificados que respalden la procedencia del dinero o de los minerales transportados.
Solo cuando existan indicios reales de ilegalidad debería avanzarse hacia medidas más restrictivas, como incautaciones definitivas, investigaciones penales o procesos de extinción de dominio.
En este último campo, la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de iniciar procesos cuando existen bienes que presuntamente provienen de actividades ilícitas. Sin embargo, estos procesos son complejos y requieren pruebas sólidas, pues se trata de medidas que afectan directamente el derecho de propiedad.
El debate entonces está en la necesidad de fortalecer a las autoridades para que combatan en legalidad delitos como el narcotráfico, el contrabando o el lavado de activos, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitando convertir la sospecha en condena pública. Transportar dinero, oro o esmeraldas no es, por sí mismo, una conducta ilegal. Lo que determina la legalidad o ilegalidad de estos bienes es su origen.
El control legítimo del Estado debe estar acompañado del respeto por la presunción de inocencia. La lucha contra el crimen no puede hacerse a costa de la reputación de ciudadanos que aún no han sido vencidos en juicio. No más “falsos positivos”, por favor.
A.U.