Gobierno de Trump cancela estudios científicos y enfrenta acusaciones de represalias políticas
Los recortes científicos de Trump afectan subvenciones de los NIH y abren disputas judiciales por presuntas decisiones basadas en criterios políticos.
Estados Unidos, 18 de septiembre de 2026 – La administración del presidente Donald Trump continúa cancelando fondos federales destinados a investigaciones científicas que considera contrarias a sus prioridades, una política que ha provocado disputas judiciales y acusaciones de que el Gobierno estaría utilizando criterios políticos para decidir qué estudios reciben recursos públicos.
Según un reporte de The Guardian, la administración ha cancelado, congelado o alterado más de 5.700 subvenciones de investigación médica de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Parte de las medidas se ha dirigido contra proyectos catalogados por el Gobierno como relacionados con políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
Entre los proyectos afectados está Phresh, una investigación de la Universidad de Pittsburgh que llevaba 15 años en desarrollo y que recientemente había centrado parte de su trabajo en la salud cerebral y el alzhéimer. Los investigadores recibieron un plazo de 90 días para cerrar el proyecto. Una comunicación de los NIH señaló que determinados métodos empleados no estaban alineados con las prioridades de la agencia y que el trabajo ya no cumplía con sus objetivos programáticos.
The Guardian informó que la administración también canceló otros dos proyectos relacionados con salud cerebral. En 2025 ya había eliminado miles de subvenciones argumentando vínculos con DEI; varias fueron posteriormente restablecidas tras litigios, mientras que nuevas cancelaciones continuaron durante 2026.
Las decisiones han abierto otro frente legal. Investigadores de la Universidad de Pittsburgh figuran como demandantes en una acción colectiva contra los NIH que sostiene que la administración busca censurar investigaciones cuyos resultados desaprueba. La universidad, por su parte, está apelando administrativamente la terminación de subvenciones.
El conflicto ocurre mientras el Gobierno busca aumentar el control de funcionarios designados políticamente sobre el sistema federal de subvenciones, valorado en alrededor de un billón de dólares. La administración sostiene que las cancelaciones responden a sus prioridades científicas y programáticas, mientras investigadores y organizaciones que impugnan las medidas cuestionan que criterios políticos estén condicionando la financiación de determinados campos de investigación.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por el diario The Guardian.
A.U.