San Antonio (Tolima): Alcalde y secretario judicializados por irregularidades en contrato de maquinaria
Los hechos investigados ocurrieron en marzo de 2024, cuando, según la Fiscalía, el alcalde y el secretario se habrían interesado indebidamente en favorecer a un consorcio contratista conformado por Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández.
San Antonio, Colombia, febrero 3 de 2026. — La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio (Tolima), José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con un contrato para la adquisición de llantas para una motoniveladora.
Los hechos investigados ocurrieron en marzo de 2024, cuando, según la Fiscalía, el alcalde y el secretario se habrían interesado indebidamente en favorecer a un consorcio contratista conformado por Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández. El contrato en cuestión fue para la compra de repuestos para maquinaria pesada, específicamente llantas, por un monto superior a los 33 millones de pesos. Sin embargo, la normativa vigente solo permitía contratos por un monto inferior a 29.978.789 pesos, lo que indicaría una posible irregularidad en el proceso.
Las investigaciones apuntan a que la propuesta comercial presentada por el secretario de Planeación, que superaba las cotizaciones reales del mercado, fue fabricada con cotizaciones irregulares, y una de las firmas no correspondía con la del proponente. Esta propuesta fue utilizada por el alcalde para gestionar el proceso de contratación, a pesar de que otras dos cotizaciones presentadas ajustaban los precios al costo real del mercado.
Además, el proceso contractual fue otorgado al consorcio de Durán Briñez y Zambrano Hernández, quienes fueron judicializados como intervinientes en este caso. Durán Briñez, quien representaba legalmente el consorcio, firmó todos los actos contractuales y precontractuales, mientras que Zambrano Hernández fue responsable de aportar documentos que supuestamente sustentaban la experiencia del consorcio para proveer los repuestos solicitados por la Alcaldía de San Antonio.
A pesar de las evidencias presentadas por la Fiscalía, los procesados no aceptaron los cargos imputados. La acusación incluye delitos como falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Esta judicialización pone en evidencia el presunto uso de prácticas ilegales en la gestión pública para beneficiar a ciertas empresas, afectando el cumplimiento de la ley y los recursos del municipio.
El caso aún está en curso, y la decisión de la Fiscalía es de primera instancia, por lo que los acusados podrán presentar los recursos legales pertinentes para impugnar la sentencia. La Fiscalía continúa trabajando en este caso con el objetivo de esclarecer las irregularidades y garantizar que se haga justicia.
La judicialización del alcalde y el secretario de Planeación de San Antonio subraya el compromiso de las autoridades con la lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la administración pública. La Fiscalía continúa fortaleciendo los esfuerzos para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.