Se entrega en Ibagué cabecilla financiero de grupo armado residual tras presión militar
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El individuo formaba parte de un grupo armado residual con presencia en Cauca y Huila
TOLIMA, COLOMBIA (10 NOV 2025) – En el marco de operaciones ofensivas lideradas por las tropas del Ejército Nacional, un tercer cabecilla y financiero de un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) se entregó de forma voluntaria en Ibagué, tras abandonar su rol delictivo y buscar acogerse al programa de sometimiento a la justicia del Gobierno nacional.
La entrega se produjo gracias a la presión militar ejercida por la Sexta Brigada, que adelantaba maniobras en los sectores rurales de Rovira y áreas periféricas de Ibagué, en coordinación con el Gaula Militar Tolima. Según el informe oficial, el sujeto manifestó estar cansado de huir de los constantes operativos que las tropas han desplegado en los departamentos de Cauca y Huila.
En el momento de su entrega, el individuo ofreció información relevante sobre actividades ilícitas cometidas por su grupo, especialmente relacionadas con extorsión y finanzas criminales. Su colaboración busca asegurar beneficios dentro del proceso de sometimiento individual ante la justicia.
Tras su entrega, quedó bajo protección del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), encargado de garantizar su integridad y facilitar su tránsito al proceso de legalización.
El Ejército Nacional reiteró el llamado a todos los integrantes de organizaciones al margen de la ley para que se acojan a este programa que impulsa el Ministerio de Defensa Nacional, el cual ofrece una ruta segura y legal para la reincorporación a la vida civil.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.