Seguridad en Barranquilla y Colombia: ¿hay inconsistencias en las cifras del balance del presidente De La Espriella?
El mayor riesgo de los balances de seguridad construidos a partir de porcentajes es que una cifra aislada puede ocultar la trayectoria que la precede y, con ello, ofrecer una lectura incompleta de la realidad.
Atlántico, Colombia, 30 septiembre de 2026.- El balance presentado por el presidente Abelardo De la Espriella sobre la reducción de los delitos durante agosto no coincide, en varios de sus principales indicadores para Barranquilla, con los registros consultados en el SIEDCO de la Policía Nacional. Mientras el mandatario habló de una caída del 64 % en homicidios y del 63 % en extorsión, los datos disponibles muestran aumentos en algunos indicadores, reducciones mucho menores en otros y, sobre todo, una tendencia que en varios casos comenzó meses antes.
Hay momentos en los que una cifra deja de ser simplemente un número y se convierte en el punto de partida de una discusión pública. Eso ocurre cuando una autoridad utiliza determinados porcentajes para presentar un balance de seguridad y esos mismos indicadores, consultados en los registros oficiales, cuentan una historia diferente.
Eso es precisamente lo que ocurre con las cifras de seguridad presentadas por el presidente Abelardo De la Espriella durante su alocución del domingo 27 de septiembre. El mandatario aseguró que durante agosto se produjo una reducción importante de varios delitos a nivel nacional y utilizó esas cifras para presentar un balance favorable de la situación de seguridad. Habló de una disminución del 50 % en los crímenes, del 79 % en el secuestro, del 62 % en la extorsión y del 58 % en las masacres.
Barranquilla fue presentada dentro de ese balance como uno de los territorios donde los resultados habrían sido particularmente significativos. Según el presidente, los homicidios se redujeron en un 64 %, la extorsión en un 63 % y los hurtos en un 24 %.
El problema aparece cuando esas afirmaciones se llevan al terreno de los datos y se contrastan con la información disponible en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, SIEDCO, y con las cifras oficiales divulgadas por la Alcaldía de Barranquilla. Allí la fotografía cambia de manera sustancial.
No es una diferencia pequeña. No se trata de que una fuente registre una reducción del 63 % y otra del 60 %, o de una variación que pueda explicarse por redondeos.
La cifra que más contradice al presidente: homicidios
El caso más contundente es el de los homicidios. El presidente afirmó que en Barranquilla este delito había disminuido un 64 %. Sin embargo, las cifras oficiales de la Alcaldía para agosto, elaboradas con información de la Policía Mebar-SIEDCO Plus, muestran que durante ese mes ocurrió exactamente lo contrario: los homicidios aumentaron un 36 % frente a agosto de 2025.
La diferencia merece ser examinada con cuidado porque no estamos frente a una discusión semántica. Según el registro utilizado por la Alcaldía, agosto de 2026 terminó con más homicidios que agosto de 2025. Es decir, mientras la narrativa presidencial presenta una disminución considerable, la estadística oficial disponible para el mismo territorio y el mismo mes muestra un incremento.
Cuando dos cifras oficiales describen comportamientos opuestos, la primera obligación no es escoger cuál de ellas resulta más conveniente. Es establecer por qué son diferentes. ¿Se utilizaron periodos distintos? ¿Se compararon cortes diferentes? ¿La Presidencia empleó una categoría estadística distinta? ¿Se excluyeron determinados casos? ¿Se utilizó una base preliminar? Son preguntas que deberían responderse antes de convertir una cifra en una conclusión sobre el comportamiento de la seguridad.
La situación adquiere mayor relevancia cuando se amplía la mirada y se deja de observar únicamente agosto. La consulta de los registros de SIEDCO realizada para este análisis muestra que, entre el primero de enero y el 13 de septiembre, se registraron 318 muertes violentas en 2025 frente a 450 en 2026. Son 132 casos adicionales, equivalentes a un incremento del 41,51 %.
El comportamiento mensual refuerza esa necesidad de mirar la serie completa. De acuerdo con el texto analizado, entre febrero y agosto las cifras estuvieron marcadas por aumentos constantes, mientras que septiembre comenzó a mostrar una tendencia hacia la reducción.
Esto significa que una eventual mejoría registrada en septiembre no permite reconstruir retrospectivamente el comportamiento de los meses anteriores. La estadística tiene memoria: los aumentos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto forman parte de la evolución anual y no desaparecen porque el último corte comience a mostrar una señal favorable.
El problema de mirar agosto como si fuera el comienzo de la historia
Una de las principales dificultades del balance presidencial aparece cuando se observa la evolución de los delitos durante los meses anteriores. Varios de los descensos que aparecen en el discurso como parte de los resultados recientes ya mostraban señales de reducción antes de agosto.
El análisis de los registros de SIEDCO encuentra una reducción del 38 % en la comparación 2025-2026 para uno de los indicadores examinados. Pero esa caída no comenzó de manera repentina durante agosto. Según el comportamiento descrito en los registros, la tendencia descendente viene desde enero, aunque con altibajos durante febrero, marzo y abril, y adquiere una trayectoria más significativa y continua desde mayo.
Ese detalle cambia la lectura del resultado.
Una cosa es afirmar que un delito disminuyó durante un determinado mes. Otra, completamente diferente, es atribuir esa disminución a las decisiones de una administración que acaba de asumir sus funciones cuando la serie estadística demuestra que el descenso venía produciéndose desde meses anteriores.
No significa que las nuevas medidas de seguridad no puedan influir en la continuidad de una tendencia. Para afirmarlo o descartarlo sería necesario realizar un análisis causal mucho más riguroso. Lo que sí puede decirse a partir de los datos es que la reducción no comenzó en agosto.
Y esa diferencia es fundamental en el análisis de políticas públicas.
Secuestro: una caída importante que tampoco nació en agosto
El comportamiento del secuestro simple y extorsivo ofrece otro ejemplo de por qué las cifras deben observarse como una serie y no como fotografías aisladas.
El análisis realizado sobre SIEDCO encuentra una reducción del 53 % durante 2026. Se trata de un descenso importante, pero nuevamente aparece acompañado de una trayectoria previa que resulta determinante para interpretar correctamente el dato.
La reducción comienza a ser notoria desde marzo y se mantiene posteriormente. El mayor descenso se registra en junio, con una variación de -87 %. Por tanto, cuando llega agosto ya existe una tendencia descendente consolidada durante varios meses. El dato de agosto puede formar parte de esa trayectoria, pero no puede ser utilizado por sí solo para sostener que la reducción nació en ese momento. La estadística muestra algo más complejo: una caída que se fue construyendo progresivamente y que ya tenía antecedentes antes del periodo presentado en el discurso presidencial.
En seguridad pública, esa diferencia es esencial porque permite separar dos conceptos que con frecuencia terminan confundidos: resultado estadístico y atribución política del resultado.
La extorsión sí disminuye, pero el porcentaje presidencial tampoco coincide
La extorsión presenta un escenario similar, aunque con una particularidad: tanto el discurso presidencial como los registros consultados apuntan hacia una reducción, pero la magnitud de esa caída es muy diferente.
El Presidente aseguró que en Barranquilla la extorsión se redujo en 63 %. Los datos oficiales de la Alcaldía para agosto muestran una reducción del 8 %. La diferencia es de 55 puntos porcentuales.
No significa que la extorsión no haya bajado. Sí existe una reducción en el registro consultado. El problema es la magnitud con la que se presentó públicamente.
El comportamiento acumulado hasta el 13 de septiembre vuelve a ofrecer una lectura diferente. La comparación 2025-2026 muestra una reducción del 5,17 %, y el análisis identifica un descenso que empieza a marcarse de manera más significativa desde junio.
De nuevo, el dato obliga a mirar más allá de agosto. La caída existe, pero venía desarrollándose previamente y su magnitud acumulada es considerablemente inferior a la anunciada durante la alocución.
Los hurtos sí muestran una reducción que viene desde junio
El comportamiento de los hurtos es diferente y precisamente por eso resulta importante incorporarlo al análisis sin forzar una conclusión general.
Según los registros examinados, los hurtos presentan una reducción del 12,53 % en Barranquilla, y esa disminución viene observándose desde junio de 2026.
Aquí sí existe una tendencia descendente que debe ser reconocida.
El problema, nuevamente, es la temporalidad. Si el descenso comenzó en junio, no resulta metodológicamente adecuado presentarlo simplemente como un resultado nacido de las cifras de agosto. El comportamiento anterior forma parte de la explicación.
Esto no le resta importancia a la reducción. Por el contrario, permite entenderla mejor. Una reducción que se mantiene durante varios meses puede tener un significado diferente de una caída excepcional concentrada en un único periodo. La primera obliga a estudiar qué factores están sosteniendo la tendencia; la segunda puede obedecer a fenómenos coyunturales.
Por eso las estadísticas mensuales tienen valor cuando se leen como una serie y no como fotografías independientes.
Una ciudad con comportamientos simultáneos
Lo que muestran los datos revisados es una Barranquilla mucho más compleja que la que puede describirse mediante tres porcentajes.
Hay indicadores que disminuyen. Hay otros que aumentan. Hay delitos que vienen descendiendo desde meses atrás y otros cuyo comportamiento continúa siendo preocupante.
El caso de los homicidios es particularmente sensible porque el dato de agosto contradice directamente la cifra presidencial: +36 % en los registros oficiales de la Alcaldía frente al -64 % presentado por el presidente.
La extorsión, por su parte, presenta una reducción, pero de una magnitud muy inferior a la anunciada: -8 % real frente al -63 % presidencial.
Los hurtos muestran una reducción del 12,53 %, pero esta tendencia ya venía desde junio.
Y el secuestro simple y extorsivo registra una caída importante durante 2026, aunque el descenso ya era evidente desde marzo y alcanzó su punto más pronunciado en junio.
El resultado es una realidad estadística con luces y sombras, no una línea uniforme de mejoramiento.
Lo que realmente dicen las cifras
El mayor riesgo de los balances de seguridad construidos a partir de porcentajes es que una cifra aislada puede ocultar la trayectoria que la precede y, con ello, ofrecer una lectura incompleta de la realidad. Decir que un delito cayó durante agosto puede ser estadísticamente correcto, pero resulta insuficiente para explicar qué está ocurriendo si no se muestra cómo llegó esa reducción: si comenzó en marzo, debe decirse; si empezó en junio, también. Del mismo modo, si durante agosto el homicidio aumentó, ese comportamiento no puede quedar oculto detrás de otros indicadores favorables ni diluirse en un balance general construido con porcentajes positivos. Y si la reducción acumulada de un indicador es de 5,17 %, no puede presentarse como una caída del 63 % sin explicar previamente qué período, universo de casos y metodología estadística produjeron esa diferencia. La estadística oficial tiene precisamente esa función: permitir que la discusión pública vaya más allá de las impresiones, los discursos y las declaraciones políticas para entrar en el terreno de los hechos verificables, donde cada porcentaje debe estar acompañado por su contexto, su período de comparación y la trayectoria que permite comprender qué hay realmente detrás de la cifra.
El problema no es solamente quién tiene la cifra correcta
El problema más grave que dejan las cifras presentadas por el Gobierno Nacional no es solamente la diferencia entre un porcentaje y otro, sino la falta de transparencia que aparece cuando los resultados anunciados públicamente no coinciden con los registros oficiales consultados y, además, no se explica de manera suficiente cómo fueron construidos esos porcentajes.
El Estado tiene la obligación de informar con precisión, no de seleccionar las cifras que producen la imagen más favorable de su gestión. Cuando el Presidente afirma que Barranquilla redujo los homicidios en 64 % y la extorsión en 63 %, pero los datos revisados señalan un aumento del 36 % en los homicidios durante agosto y una reducción de 8 % en la extorsión, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es la verdad.
La diferencia no puede ser presentada simplemente como una discusión entre interpretaciones estadísticas, porque cuando se habla de seguridad pública se está hablando de hechos que afectan directamente a las personas, de víctimas, denuncias y territorios. A ello se suma que el acumulado hasta el 13 de septiembre registra 450 muertes violentas en 2026 frente a 318 en 2025, 132 casos adicionales y un aumento del 41,51 %. En esas circunstancias, la obligación institucional no es escoger el indicador más conveniente para construir un balance positivo, sino poner sobre la mesa toda la información necesaria para que ese balance pueda ser comprobado.
La transparencia tampoco permite utilizar una reducción puntual para ocultar la trayectoria completa de un delito. Los registros revisados muestran que varias de las tendencias favorables mencionadas en el balance presidencial ya habían comenzado meses antes: el indicador delitos en general que registra una reducción del 38 % venía mostrando descensos desde enero y una disminución más marcada desde mayo; el secuestro simple y extorsivo presentaba una reducción desde marzo y alcanzó en junio una caída del 87 %; la extorsión comenzó a mostrar una reducción significativa desde julio y en Barranquilla el acumulado hasta el 13 de septiembre registraba una disminución del 5,17 %, con una reducción más marcada desde junio; mientras los hurtos mostraban una reducción del 12,53 %, también con tendencia descendente desde junio.
Esto tiene una importancia enorme para la rendición de cuentas. Una administración puede consolidar una tendencia que ya estaba en marcha, pero no resulta transparente presentar esa tendencia como si hubiera nacido exclusivamente de sus decisiones sin explicar la trayectoria previa. Del mismo modo, si durante el mismo período uno de los delitos más graves, como el homicidio, presenta un comportamiento adverso, ese dato no puede desaparecer del relato porque contradiga la imagen general que se pretende proyectar. La transparencia exige precisamente lo contrario: mostrar los avances, reconocer los retrocesos y explicar las diferencias. Lo que no puede hacer el Estado es convertir la estadística en una herramienta para exhibir únicamente los resultados convenientes y dejar en segundo plano aquellos que cuestionan el balance oficial.
La responsabilidad institucional es todavía mayor cuando se trata de cifras utilizadas por el propio presidente para comunicar resultados de seguridad. No basta con afirmar que los delitos están disminuyendo; hay que demostrarlo con series comparables, períodos claramente definidos, fechas de corte explícitas, metodología verificable y datos que puedan ser contrastados por cualquier ciudadano. Si una reducción acumulada es de 5,17 %, no puede comunicarse como una caída del 63 % sin explicar con absoluta claridad qué período y qué universo de hechos producen ese porcentaje. Si los homicidios presentan un aumento del 36 % durante agosto, ese resultado tampoco puede quedar desplazado por otro indicador cuya metodología sea diferente sin explicar la razón.
El problema, entonces, no es que existan cifras favorables: por supuesto que deben reconocerse cuando los datos las respaldan. El problema aparece cuando esas cifras se presentan sin el contexto suficiente para hacerlas comparables y terminan construyendo una percepción de resultados que los registros disponibles no permiten sostener de la misma manera. La labor del Estado es garantizar información pública confiable, completa y verificable.
La seguridad no puede comunicarse como una campaña de resultados, porque detrás de cada porcentaje existen ciudadanos que viven las consecuencias de la criminalidad. Cuando las cifras oficiales no coinciden, la respuesta institucional debe ser mayor transparencia, no simplemente un discurso, de lo contrario mostrar esas falsas cifras dejaría sendas dudas sobre el gobierno.
A.U.