Debate en Colombia por la muerte de menores en bombardeo en Guaviare
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres menores de edad murieron durante el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de las Farc vinculada a alias ‘Calarcá’.
Guaviare, COLOMBIA 1 de septiembre de 2026 – El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres menores de edad murieron durante el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de las Farc vinculada a alias ‘Calarcá’.
Según información publicada por Infobae, las víctimas eran dos adolescentes de 15 años y uno de 16. Tras la Operación Amón fueron trasladados diez cuerpos a laboratorios forenses de Florencia y Villavicencio, de los cuales nueve ya fueron identificados. El décimo permanece sin identificar.
La ofensiva fue ejecutada el 27 de agosto con once aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana contra dos estructuras en Guaviare. Las autoridades también reportaron la incautación de 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia.
La muerte de los adolescentes generó un pronunciamiento de Save the Children. La organización recordó que el reclutamiento y utilización de menores de 18 años por estructuras armadas está prohibido y sostuvo que quienes son reclutados mantienen su condición de víctimas.
La ONG también pidió al Estado fortalecer la inteligencia, la prevención del reclutamiento y las medidas de protección antes de desarrollar operaciones en zonas donde pueda existir presencia de menores. Paralelamente, exigió a los grupos armados detener inmediatamente su reclutamiento y utilización.
María Fernanda Cabal cuestionó el pronunciamiento de Save the Children y sostuvo que la responsabilidad debe concentrarse en las estructuras que reclutan menores. Además, defendió la continuidad de las operaciones militares y afirmó que utilizar niños y adolescentes como combatientes o escudos humanos busca limitar la actuación de la Fuerza Pública.
El Gobierno ha defendido la legalidad de la operación y responsabilizado a las estructuras armadas por la utilización de menores. Entretanto, Medicina Legal continúa trabajando para establecer la identidad del cuerpo que permanece sin identificar.
Con información de Infobae
A.U.