¡Urgente! Gobierno y Gaitanistas dan importante paso en la búsqueda de la Paz Total
Con este paso, Colombia reafirma su apuesta por el diálogo como herramienta legítima para la superación del conflicto armado, en concordancia con el mandato constitucional que reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Gobierno mantiene su apuesta por la Paz Total
Colombia, 27 diciembre de 2025.- El Gobierno Nacional dio un nuevo impulso a su política de Paz Total al avanzar en un proceso de diálogo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-, que incluye la suspensión de órdenes de captura a su cúpula y la creación de Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba. La medida, adoptada mediante resolución, busca reducir la violencia, garantizar los derechos de las víctimas y facilitar el tránsito del grupo armado hacia la legalidad.
El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, dio un nuevo paso en su política de Paz Total al avanzar en un proceso de diálogo sociojurídico con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia -EGC-, una de las estructuras armadas con mayor presencia territorial en el país. La iniciativa busca reducir la violencia, garantizar los derechos de las víctimas y facilitar el tránsito de sus integrantes hacia la legalidad.
Como parte de este proceso, el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, firmó la Resolución No. 274 del 24 de diciembre de 2025, mediante la cual se ordena a las entidades y autoridades competentes, en particular la Fiscalía General de la Nación, la suspensión de las órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, contra los integrantes de la cúpula del EGC. Esta decisión tiene como propósito permitir el desplazamiento seguro de los voceros del grupo armado hacia las Zonas de Ubicación Temporal -ZUT-, donde se desarrollarán los diálogos de paz.
Las zonas temporales estarán ubicadas en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y Tierralta, en Córdoba, y funcionarán entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026. Según el Gobierno, estos espacios permitirán la ubicación gradual y progresiva de los combatientes del EGC, bajo estrictos mecanismos de verificación y sin afectar la vigencia del Estado Social de Derecho ni las funciones de las autoridades civiles.
En la Resolución se ordena, además, al Ministerio de Defensa Nacional adoptar medidas de seguridad humana y jurídica durante el traslado de los integrantes del grupo armado, mientras que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) fue convocada como parte de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación.
Este avance se produce tras los compromisos suscritos el pasado 5 de diciembre de 2025 en Doha, Qatar, donde el Gobierno colombiano y el EGC acordaron, entre otros puntos, la creación de las Zonas de Ubicación Temporal, el respeto al proceso electoral, la ampliación de un plan piloto de transformación territorial en 15 municipios y la adopción de protocolos con enfoque diferencial para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto.
Las conversaciones contaron con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y el respaldo de un grupo de países mediadores integrado por Noruega, España y Suiza, además del apoyo del gobierno de Qatar como anfitrión y facilitador del diálogo.
Uno de los ejes centrales del proceso, según lo establecido en la Resolución, es la garantía de los derechos de las víctimas, quienes deberán ser priorizadas en materia de verdad, reparación y no repetición. El Gobierno señaló que la suspensión de órdenes de captura no implica impunidad y que el proceso está orientado al sometimiento a la justicia y a la entrega de bienes para la reparación de los daños causados.
El presidente Gustavo Petro ha señalado que este tipo de acuerdos representan una oportunidad histórica para reducir los niveles de violencia en regiones fuertemente golpeadas por el conflicto armado y consolidar una paz sostenible. La decisión, adoptada en la recta final de 2025, fue interpretada como un mensaje de reconciliación y esperanza para el país.
Analistas, entre quienes se encuentra Luis Fernando Quijano Moreno, presidente de Corpades y editor general del porta noticioso Análisis Urbano, coinciden en que un acuerdo con el EGC tendría un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad territorial, especialmente en zonas rurales donde la población civil ha sufrido durante décadas los efectos del conflicto. No obstante, advierte que la continuidad del proceso dependerá del compromiso de las partes y del respaldo del próximo gobierno que resulte elegido en 2026.
Quijano Moreno destacó que la Resolución del 24 de diciembre de 2025 es un buen mensaje de reconciliación para Colombia, fortalece el proceso de paz y es un paso importante en el proyecto de Paz Total del Gobierno Petro. Asimismo, que esta iniciativa se debe implementar con las estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, en desarrollo de la Paz Urbana y Rural.
Con este paso, Colombia reafirma su apuesta por el diálogo como herramienta legítima para la superación del conflicto armado, en concordancia con el mandato constitucional que reconoce la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
A.U.