[Video] Cinco capturados y 4.455 pares de calzado incautados en operativo contra el contrabando en Medellín
Durante ocho diligencias de registro y allanamiento fueron materializadas las capturas de tres hombres y dos mujeres por los delitos de concierto para delinquir agravado, favorecimiento y facilitación del contrabando y usurpación de derechos de propiedad industrial.
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Medellín, Colombia, 18 septiembre de 2026 – El pasado 17 de septiembre, cinco personas fueron capturadas y 4.455 pares de calzado, avaluados comercialmente en $897 millones, fueron incautados durante una operación contra una estructura señalada de dedicarse presuntamente al contrabando y la usurpación de derechos de propiedad industrial en Medellín.
La operación fue desarrollada por la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la agencia federal de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Durante ocho diligencias de registro y allanamiento fueron materializadas las capturas de tres hombres y dos mujeres por los delitos de concierto para delinquir agravado, favorecimiento y facilitación del contrabando y usurpación de derechos de propiedad industrial.
Entre los capturados están alias “Perrito” y “Víctor”, quienes, de acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada durante la investigación, presuntamente llevarían más de 10 años desarrollando actividades relacionadas con el contrabando.
Según las autoridades, ambos serían dinamizadores de esta actividad en el sector de La Minorista, en Medellín.
La investigación también estableció que integrantes de la organización presuntamente realizaban pagos a terceros con el propósito de obtener información relacionada con los procedimientos de control aduanero adelantados por las autoridades.
Tras la presentación de los elementos materiales probatorios y la evidencia física ante un juez con función de control de garantías, alias “Perrito” y “Víctor” recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Durante la operación fueron incautados 4.455 pares de calzado, presuntamente de contrabando y con vulneración de derechos de propiedad industrial, cuyo avalúo comercial fue establecido en $897 millones.
Las autoridades también incautaron un revólver con 19 cartuchos y $10.624.000 en efectivo.
Otro de los aspectos establecidos durante la investigación fue el presunto uso de inmuebles residenciales como centros de acopio para almacenar mercancía de contrabando. Esta situación, según el reporte, fue evidenciada durante diligencias de registro y allanamiento realizadas el 7 de julio de 2026.
La firma Atoz Legal Consulting realizó un peritaje técnico al calzado incautado y concluyó que los productos analizados no presentaban las mismas características de aquellos fabricados y comercializados por las marcas objeto de protección.
Según la información suministrada, este análisis permitió establecer inconsistencias relacionadas con la autenticidad de los productos y una posible vulneración de derechos de propiedad industrial.
Las autoridades recomendaron adquirir calzado mediante canales oficiales y establecimientos legalmente constituidos, desconfiar de precios excesivamente bajos y verificar las características, empaques, referencias y demás elementos relacionados con la autenticidad antes de realizar una compra.
La Policía Fiscal y Aduanera indicó que las irregularidades o sospechas relacionadas con comercialización ilegal de mercancías pueden ser denunciadas a través de sus canales institucionales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.