[Video] Fiscalía imputa a 4 policías por tortura a un prisionero en zona rural de La Ceja
La defensa de los implicados apeló la medida de aseguramiento, argumentando que no existían pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
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Antioquia, Colombia, 25 abril de 2026.- En un caso que ha sacudido a la comunidad de Antioquia, cuatro policías han sido judicializados por su presunta implicación en actos de tortura hacia un prisionero en la zona rural de La Ceja, ubicada en el Oriente Antioqueño. El incidente, que ocurrió el 9 de julio de 2025, involucra a miembros de la Policía Nacional de Colombia, quienes, según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, habrían utilizado métodos de coerción extrema para obtener información de un detenido.
Los Imputados
Los cuatro uniformados imputados por la Fiscalía son el intendente Rodolfo Herrera Hernández, los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque, y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez. Estos miembros de la Policía Nacional están siendo procesados por los delitos de tortura y, en el caso de Herrera Hernández, también por falsedad ideológica en documento público.
El Caso: Tortura y Engaño
Según las pruebas obtenidas por la Fiscalía, el 9 de julio de 2025, la víctima, quien estaba detenida en la estación de policía de San Vicente Ferrer, fue sacada del calabozo y trasladada mediante engaños a una zona rural en La Ceja. Allí, los oficiales supuestamente amenazaron al detenido con sepultarlo en el terreno si no les entregaba la información sobre la ubicación de una supuesta caleta que contenía armas y dinero. Para presionar aún más al prisionero, le entregaron una pala y un pico, dándole a entender que iba a cavar su propia tumba si no cooperaba.
La Fuga y la Denuncia
En medio de la tortura, el hombre logró escapar de sus captores y se dirigió a una finca en el municipio vecino de La Unión, donde pidió ayuda. Después de ser auxiliado, el detenido contactó a las autoridades y coordinó su entrega voluntaria a la policía, narrando lo ocurrido. Sin embargo, el 11 de julio de 2025, el intendente Rodolfo Herrera Hernández reportó a sus superiores que el prisionero había escapado mientras era trasladado para recibir atención médica.
El engaño no duró mucho, ya que la víctima ya había denunciado lo sucedido y había entregado la información a las autoridades. Esto llevó a la captura de los policías implicados.
Proceso Judicial y Medida de Aseguramiento
El fiscal especializado de la Seccional Antioquia formuló cargos contra los cuatro policías por el delito de tortura. A Rodolfo Herrera Hernández se le imputaron también cargos por falsedad ideológica en documento público, debido a su intento de ocultar los hechos mediante un informe falso sobre la fuga del detenido. Un juez de control de garantías ordenó que los policías fueran enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Reacciones y Apelación
La defensa de los implicados apeló la medida de aseguramiento, argumentando que no existían pruebas suficientes para mantenerlos en prisión. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía y del juez ha generado controversia en la opinión pública, dado el abuso de poder y el comportamiento errático de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Implicaciones en el Ámbito de Derechos Humanos
Este caso pone en evidencia la gravedad de la tortura dentro de las fuerzas de seguridad en Colombia, un problema que ha sido ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación se encuentra realizando una exhaustiva investigación para determinar el alcance de estos abusos y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
La sociedad espera que este caso sea un claro ejemplo de la lucha contra la impunidad y una lección para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos dentro de las instituciones encargadas de la seguridad.
A.U.