[Video] Norte y Bajo Cauca: ELN exige «tributos» y advierte ataques contra supuestos aliados del EGC
“La paz urbana y rural siempre será el mejor camino para salir de la violencia y criminalidad”, expresó la ONG.
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Antioquia, Colombia, 18 mayo de 2026.- El Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que declaró objetivo militar a empresarios, dueños de minas y operadores de entables mineros del Norte y Bajo Cauca antioqueño que se nieguen a pagar el denominado “tributo” exigido por esa organización armada ilegal.
En el documento, fechado el 17 de mayo de 2026, el ELN acusa a varios empresarios del sector aurífero de mantener supuestos vínculos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización armada ilegal con fuerte presencia en distintas regiones del país. Según la guerrilla, algunos propietarios estarían pagando un porcentaje de la extracción de oro al EGC, mientras rechazan las exigencias económicas impuestas por el ELN.
“Todo empresario, dueño de mina y de entable minero, debe ponerse a paz y salvo con el pago de su correspondiente tributo al ELN. Quien se niegue a cumplir con este requerimiento convierte su propiedad, su libertad y su integridad en objetivo militar”, señala el comunicado conocido públicamente y complementado por un video divulgado por integrantes de esa estructura armada.
La organización ilegal también advirtió que quienes ocasionen daños ambientales o incumplan normas ecológicas en las zonas bajo disputa armada serán sancionados “de acuerdo con la gravedad de los daños”, aunque el documento deja claro que el control de las rentas derivadas de la explotación minera sigue siendo uno de los principales factores de confrontación en el territorio.
El ELN además responsabilizó a supuestos testaferros y personas señaladas de apropiarse ilegalmente de minas y tierras de colaborar con el Ejército Gaitanista de Colombia. Igualmente, reiteró que continuará enfrentando a la “fuerza armada estatal y paraestatal”, mientras asegura respaldar las luchas sociales y populares.
Hasta el momento, ni el EGC ni las autoridades competentes se han pronunciado oficialmente frente a las amenazas difundidas por el ELN en esta subregión antioqueña.
Preocupación por el riesgo humanitario
La nueva amenaza incrementó la preocupación entre comunidades mineras y defensores de derechos humanos del Norte y Bajo Cauca antioqueño, territorios históricamente afectados por disputas entre estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.
El defensor de derechos humanos Óscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación SUMAPAZ, explicó en declaraciones entregadas a Caracol Radio que la presión armada sobre mineros de la región no es un fenómeno reciente y se ha prolongado durante décadas debido al control territorial ejercido por diferentes actores ilegales.
Según el defensor, la ausencia de una presencia estatal efectiva ha permitido que las estructuras armadas impongan mecanismos de control social y económico sobre las comunidades rurales y urbanas vinculadas a la minería informal.
“Evidentemente, la situación de estos mineros es de un alto nivel de riesgo, toda vez que la presencia de los actores armados ilegales en la zona son las formas de control social únicas que hay en el territorio”, señaló Zapata al citado medio.
También advirtió que este nuevo escenario podría desencadenar homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas y otras graves violaciones a los derechos humanos si no se implementan medidas urgentes de protección y atención institucional.
Corpades cuestiona estrategia de seguridad
Frente a esta situación, la ONG Corpades cuestionó fuertemente la estrategia de seguridad implementada en Antioquia y aseguró que actualmente existe un “Estado fragmentado”, marcado por las disputas políticas entre el Gobierno Nacional y la administración departamental.
Según la organización, mientras persisten las diferencias institucionales, los grupos armados ilegales continúan fortaleciendo su presencia territorial, incrementando confrontaciones armadas y afectando a las comunidades civiles.
Corpades recordó además que las extorsiones o “vacunas” contra comerciantes, transportadores, mineros y otros sectores económicos hacen parte de la cotidianidad en amplias zonas urbanas y rurales de Antioquia y del país.
La organización también insistió en que el próximo presidente o presidenta de Colombia debería priorizar la construcción de una “Paz Territorial Real” como alternativa frente al escalamiento de la violencia.
“La paz urbana y rural siempre será el mejor camino para salir de la violencia y criminalidad”, expresó la ONG.
Mientras tanto, el ambiente de tensión y temor continúa creciendo en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, regiones donde la disputa entre grupos armados ilegales sigue impactando gravemente la seguridad, la economía y la vida cotidiana de miles de habitantes.
A.U.