[Video] Seguridad de la UNP bajo cuestionamientos tras asesinato de Freiman David Velázquez en Norte de Santander
Finalmente, la organización criticó duramente al Gobierno Nacional y aseguró que la protección de líderes sociales en Colombia continúa marcada por una estructura burocrática, lenta y deshumanizada…
![[Video] Seguridad de la UNP bajo cuestionamientos tras asesinato de Freiman David Velázquez en Norte de Santander](https://analisisurbanoimg.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/05/ChatGPT-Image-20-may-2026-11_17_32-1024x683.jpg)
Norte de Santander, Colombia, 20 mayo de 2026.- Una nueva masacre sacude al Catatumbo y vuelve a dejar en evidencia la grave crisis de seguridad que enfrentan los líderes sociales y las comunidades rurales en Norte de Santander y otras regiones del país. Indepaz reportó el asesinato de seis personas en la vereda Oropoma, zona rural del municipio de Ábrego.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las víctimas se movilizaban en una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes dispararon de manera indiscriminada con armas de largo alcance contra el vehículo.
Entre las víctimas se encontraba Freiman David Velázquez, reconocido líder social, dirigente campesino y miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). El líder contaba con medidas especiales de protección debido a las constantes amenazas que había recibido en repetidas ocasiones.
En el ataque también murieron Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, integrantes del esquema de seguridad encargado de custodiar al dirigente social. Las autoridades avanzan en la identificación de las otras tres personas asesinadas en la acción armada.
Sin embargo, más allá de la masacre, el hecho volvió a encender fuertes críticas contra la Unidad Nacional de Protección. La ONG Corpades cuestionó de manera directa las medidas de seguridad asignadas a Freiman David Velázquez, teniendo en cuenta que el líder ya había sido víctima de amenazas y que incluso, en enero de este año, su esquema de protección habría sufrido otro ataque por parte de estructuras armadas ilegales presentes en el territorio.
Para la organización, resulta urgente esclarecer qué tipo de esquema de seguridad tenía asignado el líder social y si realmente correspondía al nivel de riesgo extremo que enfrentaba en una de las regiones más violentas del país.
Corpades aseguró que, ante amenazas reiteradas y antecedentes de ataques armados, las medidas de protección debían ser reforzadas con un mayor número de escoltas, vehículos con blindaje superior y coordinación permanente en terreno. Según la ONG, todo apunta a que dichas condiciones mínimas no habrían sido garantizadas.
Las críticas también fueron respaldadas por Giovanni Galló, representante de Analtraseg, sindicato de la UNP, quien aseguró que los vehículos utilizados en estas zonas cuentan con blindaje nivel tres, una protección diseñada para resistir ataques con armas cortas o subametralladoras, pero insuficiente frente a ráfagas de fusil utilizadas por grupos armados ilegales.
Galló afirmó que en regiones como Norte de Santander deberían implementarse blindajes superiores capaces de soportar armamento de guerra, especialmente en corredores donde existe fuerte presencia de estructuras armadas ilegales.
Además, cuestionó la falta de experiencia de algunos integrantes de los esquemas de seguridad desplegados en zonas de alto riesgo y advirtió que los actuales protocolos continúan exponiendo tanto a líderes sociales como a escoltas de la entidad.
Corpades también lanzó serios cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la UNP y del CERREM, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, al preguntar si quienes toman decisiones sobre los esquemas de protección realmente cuentan con la capacidad técnica para evaluar contextos de guerra y amenazas complejas en territorios como el Catatumbo.
Finalmente, la organización criticó duramente al Gobierno Nacional y aseguró que la protección de líderes sociales en Colombia continúa marcada por una estructura burocrática, lenta y deshumanizada, que no ha logrado responder de manera efectiva al riesgo extremo que enfrentan defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios en las regiones.
A.U.