Violencia contra defensores de DD. HH.: una crisis que no logra conmover a Colombia
El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la política de “paz total” y negociaciones con grupos armados, pero los avances son limitados y, en algunas regiones, interrumpidos por nuevas olas de violencia.
La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia ha dejado de ser un fenómeno aislado para consolidarse como un patrón extendido en el país. Así lo advierte el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documenta no solo asesinatos sistemáticos, sino también múltiples formas de agresión menos visibles que afectan profundamente el tejido social.
Colombia, 19 marzo de 2026.- En Colombia, defender los derechos humanos se ha vuelto un acto de alto riesgo. Según el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre 2022 y 2025 al menos 410 líderes sociales y defensores fueron asesinados. Miles más enfrentan amenazas, estigmatización y confinamiento forzado.
A pesar de esta violencia sistemática, la respuesta de la institucionalidad sigue siendo insuficiente. Defender los derechos humanos continúa siendo una labor que se paga con la muerte.
Del total de víctimas entre 2022 y 2025, 354 eran hombres, 49 mujeres y 7 personas LGBTIQ+. Las poblaciones rurales y étnicas fueron las más afectadas: 171 campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes.
Los departamentos con más homicidios fueron Cauca (84), Valle del Cauca (37), Nariño (36), Arauca (36) y Putumayo (34). Entre los municipios más afectados se encuentran Argelia, Toribío y Santander de Quilichao (Cauca), Tumaco (Nariño) y Tibú (Norte de Santander). La recurrencia de homicidios confirma la existencia de un patrón sostenido de violencia.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz:
2024: 173 líderes asesinados
2025: 187 líderes asesinados
2026 (hasta la fecha): 23 líderes asesinados
Estas cifras confirman que la violencia no ha disminuido y sigue siendo una amenaza constante.
La violencia también incluye amenazas, estigmatización, control social y confinamiento. Más de 137.000 personas fueron impedidas de salir de sus comunidades entre enero y agosto de 2025 por la acción de grupos armados, según la OCHA.
El desplazamiento masivo afectó a 79.500 personas en el mismo periodo, principalmente en el Catatumbo. Entre 2024 y 2025, 625 menores fueron reclutados por grupos armados, un aumento del 81 % respecto al año anterior. Además, 544 civiles resultaron heridos o muertos por artefactos explosivos, un incremento del 145 % frente a 2024.
Entre las mujeres defensoras, además de 49 homicidios, se documentaron 608 ataques y amenazas. Los defensores del medio ambiente fueron blanco de al menos 64 asesinatos, principalmente en Cauca, Putumayo, Nariño y Chocó, zonas estratégicas para economías ilegales y disputas territoriales.
Entre 2016 y 2024, la Fiscalía investigó 1.381 asesinatos de defensores de DD. HH. Solo 527 (38 %) derivaron en cargos y 227 (16,5 %) en condenas. La impunidad persiste y refuerza la sensación de que la defensa de derechos es arriesgada y poco protegida.
El gobierno de Gustavo Petro ha impulsado la política de “paz total” y negociaciones con grupos armados, pero los avances son limitados y, en algunas regiones, interrumpidos por nuevas olas de violencia.
Organizaciones como la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), la fundación SUMAPAZ y la Agencia de Prensa Análisis Urbano advierten que los hallazgos de la ONU reflejan lo que ellas documentan desde los territorios: la violencia contra líderes sociales es una estrategia sistemática de silenciamiento, dirigida contra quienes defienden territorio, derechos colectivos y participación democrática.
El contexto preelectoral de 2026 ha aumentado los riesgos. El asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un ejemplo de cómo la violencia también afecta la política. La Defensoría del Pueblo identificó riesgos para derechos civiles en 224 municipios, mientras organismos internacionales llaman a medidas urgentes de protección.
La ONU concluye que la violencia contra defensores de DD. HH. en Colombia es estructural. La combinación de grupos armados, economías ilegales, desigualdad territorial y la débil implementación del acuerdo de paz de 2016 mantiene a líderes sociales en constante riesgo.
Mientras tanto, en pueblos, barrios periféricos y resguardos indígenas, cientos de personas continúan su labor bajo amenazas permanentes, reafirmando que defender los derechos humanos sigue siendo una tarea de alto riesgo, pese a la atención internacional.
A.U.