El único juzgado penal de circuito especializado de Chocó atiende cada año cerca de 1.200 procesos. Esta congestión es una de las dificultades por las que la justicia tarda o no llega en casos cuyas víctimas son defensores de derechos humanos.
Así se recoge en el informe ‘Cuellos de botella en la administración judicial’, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid). El documento evalúa las dificultades que afrontan jueces y fiscales en Córdoba, Antioquia y Chocó, departamentos donde se concentran estos ataques contra defensores de derechos humanos.
Los jueces entrevistados de manera anónima en esos departamentos señalaron como las mayores problemáticas que por estos crímenes los casos suelen tener múltiples procesados y delitos, lo que los dificulta aún más. En un caso que un juez usó como ejemplo, “un sospechoso está recluido en La Picota, otro en Palmira, otro en Apartadó, otro en una estación de policía, lugares en los que no pueden hacer videoconferencia”.
Otra dificultad son los riesgos para la vida de testigos, defensores, fiscales y otros funcionarios. El informe de la CCJ reitera que una de las mayores barreras está en lograr que los testigos hablen hasta el juicio. Sobre todo por circunstancias de seguridad, pero también de acceso.
De hecho, fiscales señalaron que como los procesados suelen pertenecer a grupos armados, muchos testigos luego son asesinados. También, dice el informe, para estos es más fácil asesinar a alguien de bajo perfil, como un testigo, que a un líder.
Así mismo hay escasez de defensores públicos, quienes deben atender siempre casos “urgentes” de capturas en flagrancia. La congestión también se ve en investigaciones como la que se adelanta por despojo en Jiguamiandó y Curvaradó, en Chocó, cuyo proceso ya acumula 191 cuadernos.
Otra barrera es lo difícil que es acceder con comisiones de investigación a las zonas donde se cometen los crímenes. Estas suelen estar en parajes rurales de difícil acceso y, además, bajo control de grupos armados ilegales.
Una dificultad adicional es la sobrecarga de trabajo, en la que siempre hay casos sobrevinientes. Un fiscal entrevistado en Chocó contó que pasó de tener 37 casos en 2018 a 55 en 2019. De estos, 16 eran por desaparición, 20 por desplazamientos forzados y 19 por amenazas. Los tiempos estimados de estos procesos rondan los tres años. Sin embargo, la CCJ señala que en Chocó pueden tardar el doble que en Antioquia, y una de las causas es que en el primero hay un único juzgado especializado para estos casos.
También hay limitación de recursos físicos y humanos. Los investigadores de la CCJ identificaron que hace falta disponer y asignar fiscales para casos de graves violaciones de derechos humanos. Otra barrera es la presión del sistema de desempeño cuantitativo que evalúa a los fiscales, así como la falta de garantías de seguridad para la participación de las víctimas.
El informe de la CCJ asegura que hay un claro “reclamo permanente de la sociedad civil” para que haya justicia. De hecho, en otro informe, la Comisión concluyó que entre 2009 y 2017 se mantuvieron en la impunidad 91,4 por ciento de los crímenes contra defensores de derechos humanos.
Tomado de El Tiempo
