El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunció en un comunicado las nuevas amenazas de las que ha sido objeto, al igual que miembros de organizaciones sociales y sindicales de la región del suroccidente colombiano, por parte del grupo ilegal autodenominado Águilas Negras.
Estas agresiones, según el escrito, se han presentado de manera constante y reiterada, señalando y estigmatizando el trabajo de los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social. Estas últimas amenazas fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, “con la preocupación que las investigaciones de este último hecho terminen sin hallar a los responsables de los mismos, como ha sucedido en otras ocasiones”, dice el texto.
El pasado miércoles 5 de diciembre, a eso de las 11:26 de la noche, llegó al celular de Walter Agredo Muñoz, funcionario del comité de solidaridad con los presos políticos en el Valle del Cauca y otros dirigentes sociales, vía whatsapp, un mensaje proveniente de un grupo denominado “Muerte comunistas”, administrado desde el número abonado 3185863747 que pertenece a un sujeto que se hace llamar el Indio.
En el mencionado grupo se hacen amenazan con nombres propios a líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos. Igualmente organizaciones sindicales y sociales son objeto de amenaza en el mensaje.
Según el comunicado, en el mensaje enviado por el grupo paramilitar Águilas Negras se amenaza a las siguientes personas: Lorena Mendoza, defensora regional del pueblo; Milena Olave, de la CCEEU; Cristian Toconas y José Milciades Sánchez, de SINTRAUNICOL; Hernán Arciniegas, de Sintra municipio Yumbo; Wilson Sáenz, presidente de la CUT Valle; Walter Agredo Muñoz, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Diego Escobar, de ASONAL judicial; Rosalba Castillo Viveros, Adelina Vásquez, Yelbi Ramírez y Héctor Fabio Osorio, de sintrahospiclinicas; y Carlos González y Jorge Rodríguez.
Denuncia el Comité que esta nueva amenaza “se constituye en el reiterado ataque al movimiento social, sindical y defensores de Derechos Humanos de la región que le apuestan a la paz con justicia social, trabajan por el respeto y garantía de los derechos laborales, políticos y de las víctimas de crímenes de Estado en el Valle del Cauca”.
En la amenaza señalan que esta nueva acción obedece a que los dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos “son los que están provocando la movilización y la protesta social, que por esta razón han sido declarados objetivos militares”.
El texto completo del mensaje de whatsapp es el siguiente:
“ESCORIAS HPTAS PROMOTORES Y AUXILIARES DEL CAOS SOCIAL U DE LA GUERRILLA DE LAS FARC, EPL Y ELN, SIGAN MARIQUIANDO CON LAS MARCHAS ENLODANDO AL PAIS Y NUESTRA PATRIOTICA PRESENCIA POLÌTICO MILITAR. USTEDES DETIENEN EL PROGRESO DE LA NACIÓN CON SU POSTURA DE DEFENSA. DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS NO SE METAN EN LO QUE NO LES IMPORTA LOS TENEMOS UBICADOS EN CIUDADES Y CAMPOS Y LOS LUGARES DONDE SE REUNEN A ATENTAR CONTRA EL GOBIERNO Y LA ESTABILIDAD PAIS. SAPOS HIJUEPUTAS NO LOS QUEREMOS VER MAS ALBOROTANDO A ESTUDIANTES TRABAJADORES Y NUESTRAS COMUNIDADES EN EL VALLE CAUCA Y NARIÑO SEPAN QUE NO ES UN JUEGO, HERMOS DADO CLARAS INSTRUCCIONES A NUESTRAS FUERZAS PARA DARLES DE BAJA, YA HEMOS EJECUTADO A VARIOS DE SUS SEGUIDORES EN LA REGION, LORENA MEMDOZA, MILENA CCEP, CRISTIAN TOCONAS, JOSE MILCIADES, HERNAN ARCINIEGAS, WILSON SAENZ, ROSALBA CASTILLO, DIEGO ESCOBAR, WALTER AGREDO, ADELINA VASQUEZ, YELBY RAMIRES, HECTOR FABIO, CARLOS GONZALEZ, JORGE RODRIGUEZ. CORRAN RATAS GUERRILLERAS ÑOS VAMOS A EXTERMINAR YA LOS TENEMOS UBICADOS. POR UN SUROCCIDENTE CON PROGREO MUERTE A TODOS LOS COMUNISTAS NO MAS GUERRILLEROS CAMUFLADOS BLOQUE SUROCCIDENTAL AGUILAS NEGRAS”.
Antecedentes:
No es la primera vez que al celular de Walter Agredo llegan esta clase de amenazas. El viernes 30 de noviembre de 2018 recibió una amenaza proveniente del número 321 261 59 72 y en el que el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, amenaza a líderes sociales.
El 17 de julio de 2017, a las 2:15 de la tarde, también llegó una amenaza al celular de Agredo, de parte del número de celular 312 381 55 52, en el que lo amenazan de muerte a él y los líderes sociales de la región.
El 15 de enero de 2018 llegó a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, seccional Valle del Cauca, ubicada en el barrio obrero, un sobre de manila con un comunicado de las AGC en el que amenazan a un grupo de sindicalistas y defensores de Derechos Humanos de la zona. Estas amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Para las organizaciones de derechos humanos de la región es preocupante esta situación, más aún cuando la presencia de los grupos paramilitares en la ciudad de Santiago de Cali se fortalece y hacen de esta una de las ciudades más violentas del país.
Las estructuras paramilitares se vienen disputando el control del microtráfico de drogas en los barrios de Cali, extorsiones en las plazas de mercado y otras actividades, que permiten inferir a los líderes sociales y defensores de DD. HH. que Santiago de Cali es controlada por el paramilitarismo.
Estas organizaciones sociales, sindicales y de DD. HH. en el Valle del Cauca advirtieron en los años 90 del avance del paramilitarismo en la región, cuando supuestamente se desmovilizó el bloque Calima y Pacífico de las AUC. Estas mismas organizaciones advirtieron que tal desmovilización no era real y que estos aun hacían presencia en varias comunidades, las cuales vivían amedrantadas y temerosas por su presencia.
En el comunicado, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en el Valle del Cauca exige al Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, Iván Duque, que reconozca la continuidad del paramilitarismo en el país, de igual forma, que lo enfrente de manera contundente con mecanismos que lleven al desmonte real de sus estructuras y de sus financiadores.
Asimismo, que a los defensores de Derechos Humanos amenazados se les respeten sus derechos fundamentales, primordialmente el derecho a la vida, y las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
También, que en el marco de los diálogos adelantados por el Estado colombiano con la insurgencia colombiana se establezcan las garantías para el ejercicio real de la participación política, al igual que la defensa de los Derechos Humanos; este ejercicio como garantía de una paz duradera.
Igualmente, que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones y que estas den resultados concretos sobre los responsables de dichas amenazas.
De igual forma, al Estado Colombiano que muestre voluntad política para desmontar el paramilitarismo en el país, como un requisito de la paz duradera.
Finalmente, solicita a la comunidad internacional mantener un escenario de interlocución con el Estado colombiano, en el cual se le haga seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra el movimiento social, sindical y de derechos humanos en Colombia ante las amenazas de los diferentes grupos paramilitares que existen en el país.