Madrid, 14 de octubre de 2021.- Una nueva ley de Memoria Democrática se tramita desde este jueves en el Congreso español con el fin de impulsar la recuperación de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura y reparar a las víctimas.
Esta ley, uno de los compromisos del Gobierno de coalición progresista, formado por socialistas (PSOE) y el grupo de izquierda Unidas Podemos, sustituirá a la antigua de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Tanto la actual como la que se pretende aprobar ahora cuentan con la oposición del conservador Partido Popular (PP), que considera que estas leyes dividen a los españoles.
El objetivo de la nueva norma es «poner en el centro» a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975), de modo que el Estado asuma la responsabilidad de su reparación y, sobre todo, la recuperación de las fosas comunes con los restos de miles de represaliados, dijo el ministro de la Presidencia, el socialista Félix Bolaños, en la defensa del proyecto.
El Gobierno pretende que la tramitación sea rápida, ya que el tiempo se acaba para quienes todavía sueñan con recuperar los restos de sus seres queridos, toda una «obligación moral», recalcó el ministro.
Más de 80 años después del final de la guerra civil española, todavía hay miles de cuerpos desaparecidos, enterrados en fosas comunes o en lugares sin determinar, que son reclamados por familiares de estas víctimas, muchos de ellos, sobre todo hijos, ya muy ancianos.
Según expertos y asociaciones de memoria, se calcula que unas 130.000 personas están enterradas en fosas comunes sin identificar en todo el territorio español, de las que 90.000 habrían sido fusilados durante la guerra civil y 40.000 en la posguerra.
Bolaños hizo hincapié en que la nueva ley no distingue entre las víctimas que padecieron la guerra y la dictadura, para asegurar además que no pretende reabrir ninguna herida, sino «cicatrizar» las que todavía quedan, especialmente para los descendientes de los represaliados.
Desde organizaciones de recuperación de la memoria y ONG piden que se impulse la recuperación de los desaparecidos y que se investiguen los crímenes de la dictadura del general Francisco Franco para poder cerrar ese capítulo de la historia de España, como han hecho otros países con circunstancias similares.
En este sentido, Amnistía Internacional (AI) entregó hoy en el Congreso español más de 300.000 firmas para que la nueva ley facilite la investigación judicial de los crímenes de la dictadura franquista.
A partir de ahora, se debatirá en el Congreso las enmiendas los distintos grupos, incluidas las que tiene previsto presentar el socio del PSOE en el Gobierno.
Unidas Podemos pide extender la aplicación de la ley hasta 1982, lo que incluiría lo que se conoce en España como transición, el periodo que va desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta la consolidación democrática, además de reclamar reparaciones económicas.
EFE