Asunción, 8 febrero.- La disputa judicial que mantienen el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, y el exarquero José Luis Chilavert tiene ahora un nuevo frente con la denuncia presentada por este último a su compatriota, por presuntos hechos de lavado de dinero, entre otros.
Ambos ya estaban envueltos en una demanda anterior, por difamación y calumnia, ésta promovida por Domínguez a mediados de 2020, ahora en etapa previa a juicio oral.
A lo que siguió la pasada semana la del exportero de la selección paraguaya, quien presentó en la Fiscalía paraguaya una denuncia por asociación criminal, evasión impositiva, lavado de dinero y lesión de confianza.
LA DEFENSA DE CHILAVERT
Al respecto, el abogado de Chilavert, Pedro Wilson Marinoni, dijo este lunes a Efe que una de esas tipificaciones está relacionada con el escándalo de corrupción que en 2015 involucró a varios líderes del fútbol mundial, entre ellos Juan Ángel Napout, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Napout fue detenido en Zúrich en 2015, cuando era titular de la Conmebol, desde donde fue llevado a Estados Unidos, donde en 2018 fue condenado a nueve años de prisión por fraude organizado y delitos electrónicos.
«Hay un cheque de 1.500.000 dólares que según declaró Napout ante la justicia norteamericana recibió el señor Domínguez. Tenemos testigos que vieron ese cheque y son hechos y circunstancias relacionados a esos hechos», afirmó Marinoni.
El abogado remontó ese hecho a 2014, siendo Domínguez vicepresidente de la APF y Napout presidente, y agregó que ese monto de dinero fue a parar a varios jerarcas del fútbol sudamericanos que fueron procesados o condenados por la Justicia de EE.UU.
Marinoni explicó que Chilavert acusa a Domínguez de una presunta recuperación irregular, ya en carácter de titular de la Conmebol, de 16 millones de dólares de la familia de Nicolás Leoz, que presidió el organismo rector del fútbol sudamericano entre 1986 y 2013.
Leoz falleció a los 90 años, en agosto de 2019, cuando permanecía en arresto domiciliario en Asunción mientras se tramitaba su extradición a EE.UU donde también estaba acusado en la misma trama conocida como «FIFAgate».
Marinoni manifestó que el propio Domínguez se jactó de una «recuperación de manera privada» de ese monto de dinero, lo que según el abogado, debió hacerse a través de la Justicia, al tiempo de aseverar que manejan la información de que fue «mucho más dinero».
«Hay muchas preguntas que él (Domínguez) tiene que responder ante la Justicia, (y) tenemos testigos que van a declarar en relación a eso también», resaltó el abogado, al explicar que el siguiente paso es la apertura de un expediente fiscal.
LA DEFENSA DE DOMÍNGUEZ
Por su parte, el asesor del titular de la Conmebol, Claudio Lovera, aseguró a Efe que «no existe ninguna conducta que pueda responder a ninguna de esas figuras penales» invocadas por el excapitán de la selección guaraní.
Indicó que, por lo que pudo enterarse a través de los medios, no se trata de una «presentación seria», al menos en cuanto al cargo de evasión impositiva.
Para esta figura penal en Paraguay «requiere de que la autoridad tributaria emita un pronunciamiento firme, y eso no existe», acotó Lovera.
«Se encuentra (Domínguez) radicando regularmente sus declaraciones impositivas, cumpliendo todas sus obligaciones y no hay pronunciamiento alguno de la autoridad tributaria respecto a alguna irregularidad» de forma individual ni corporativa, significó Lovera.
Dijo que la denuncia, a falta de que tenga acceso formal a su contenido, «suena muy parecida» a lo que en su oportunidad fue el ofrecimiento de pruebas de Chilavert en la causa en la que éste está acusado por difamación y calumnia en un proceso de acción penal privada.
«Creo que lo que están buscando es generar esta denuncia penal para tratar de usarla como argumento para que el juicio oral, cuya nueva fecha debe ser señalada, no se lleve adelante», consideró el abogado de Domínguez.
Recordó que en esa causa es por una serie de expresiones de Chilavert, vertidas en 2019 a través de los medios y redes sociales, en las que acusa de corrupción a Domínguez «sin asidero y con la sola finalidad de lesionar su honor y reputación».
También enfatizó que las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos fueron emprendidas a partir de una «auditoría forense bien profunda» ordenada por Domínguez tras asumir en el cargo en 2016.
