Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se registraron este martes en Santiago, un día después de que el estallido social más grave de la historia democrática de Chile cumpliese un mes.
Los violentos choques, en los que los agentes dispararon bombas lacrimógenas y perdigones y los manifestantes lanzaron piedras, se dieron en las calles aledañas a Plaza Italia, una rotonda que ha sido el epicentro de la revuelta social y en la que este martes apenas se concentraron varios centenares de personas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público e independiente que ha monitoreado las revueltas desde el inicio actualizando diariamente los datos de heridos y detenidos, insistió este martes en la urgencia de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley para actualizar los protocolos policiales.
«Se requiere una profunda reforma a las policías de Chile, tarea que se está asumiendo en el Congreso y que es algo esencial para superar bien esta crisis», dijo su director, Sergio Micco, tras recibir a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra en el país investigando presuntas violaciones de DD.HH.
«Le manifestamos a la CIDH la importancia de que estuviera acá en Chile para que el mundo vea lo que está pasando, porque eso aumenta la fiscalización en materia de respeto derechos humanos», agregó Micco.
Según el INDH, la crisis que estalló el pasado 18 de octubre ya se ha cobrado la vida de al menos 23 personas -cinco de ellas presuntamente a manos de agentes del Estado- y ha provocado 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares.
El ente ha interpuesto además un total de 384 querellas judiciales, de las cuales casi el 70 % son por torturas y abusos policiales, aunque también hay por homicidio y violencia sexual.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los universitarios chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo.
Las marchas comenzaron siendo multitudinarias -el 25 de octubre cerca de 1,2 millones de personas llegaron a concentrarse en Santiago-, pero han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles pese a las tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.
Las fuerzas parlamentarias llegaron el pasado viernes a un histórico pacto para convocar un plebiscito en abril de 2020 y preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué órgano debería redactar el texto.
Aprobada en un cuestionado plebiscito durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la actual Carta Magna chilena es vista por los manifestantes como el origen de las desigualdades del país, pues favoreció la privatización de sectores básicos como la educación o la sanidad.
EFE
