Nursultán/Moscú, 7 de enero de 2022.- Las autoridades kazajas mantienen su pulso con los manifestantes que han protagonizado graves disturbios en la nación centroasiática durante las últimas cuatro jornadas, mientras buscan vincular las protestas a movimientos radicales islamistas promovidos desde el exterior.
Aunque el primer subdirector de la Administración Presidencial Daurén Abáyev afirmó hoy que «el orden se ha restablecido en todo el país y la situación se ha estabilizado», todavía persisten los focos de resistencia de los manifestantes, atrincherados en diversas partes del país, y se escuchan disparos, según medios locales.
DISPARAR A MATAR
El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, dio la orden expresa de «disparar a matar» sin previo aviso contra quienes ofrezcan resistencia a las autoridades, decisión que comunicó durante un mensaje televisado a la nación.
«Di la orden a los órganos de la policía y el Ejército de disparar a matar sin previo aviso», dijo, al alertar de que no dialogará «con bandidos armados y preparados, tanto locales como extranjeros».
El mandatario, quien reconoció que solo en los disturbios de Almaty participaron más de 20.000 manifestantes, señaló que «los terroristas continúan dañando la propiedad estatal y privada, y utilizan sus armas en contra de los ciudadanos», y advirtió de que «la operación antiterrorista continúa».
«Los combatientes no han depuesto las armas, continúan cometiendo crímenes o se preparan para cometer nuevos. Hay que llevar la lucha en contra de ellos hasta el final. Los que no se rindan serán eliminados», advirtió.
INFORMACIONES NO VERIFICABLES
El Ministerio del Interior kazajo informó de 26 manifestantes muertos y otros 26 heridos, y que 3.211 personas han sido detenidas, cifras que podrían crecer en las próximas horas.
El número de muertes de uniformados se mantiene en 18 y la cifra de policías heridos ascendió a 740.
A lo largo de la jornada los medios informaron de varias escaramuzas, que incluyeron un intento por parte de los manifestantes de ingresar en una unidad militar en la provincia de Actobe, o el asalto a un centro penitenciario en Taldykorgan, en las afueras de Almaty.
Las autoridades anunciaron que desalojaron y controlan la céntrica plaza de la República en esta ciudad, el epicentro de los disturbios en el país.
Todo ello en medio de un corte casi absoluto de internet y las comunicaciones que prácticamente impide cualquier cobertura periodística objetiva y contrastada, y prima la voz de los medios oficialistas kazajos, que reportan asesinatos y allanamientos de oficinas y negocios.
Según los datos más recientes de la Cámara Nacional de Empresarios, los daños ascienden a los 87.200 millones de tenge (198 millones de dólares).
«RADICALES EXTRANJEROS»
En particular, las autoridades insisten en el posible vínculo de los manifestantes con movimientos radicales procedentes del exterior.
Daurén Abayev aseveró que se investigan «diversas versiones de la vinculación» de los manifestantes a «organizaciones extremistas», sin especificar cuáles, mientras que Tokáyev les acusó directamente de terroristas «nacionales y extranjeros».
La víspera, el Ministerio de Exteriores de Rusia ya calificó la deriva de las protestas contra la subida del precio del gas, inicialmente pacíficas, hacia los violentos disturbios «como un intento inspirado desde el exterior de socavar violentamente la seguridad e integridad del Estado con la participación de formaciones armadas, preparadas y organizadas».
Y si la diplomacia rusa no puso nombre a estas formaciones, el diputado ruso Dmitri Sablin fue más directo y afirmó que «las fuerzas que destruyen las ciudades de Kazajistán no son manifestantes pacíficos, sino combatientes expertos provenientes de Irak, Siria y Afganistán» afiliados a Daesh.
DEMONIZACIÓN DE LAS PROTESTAS
Opiniones como esta, sumadas al flujo de imágenes e informaciones proyectadas por medios oficialistas, que dan fe de destrozos y ataques violentos contra ciudadanos y agentes del orden, junto a la ausencia de declaraciones o rostros de los manifestantes en los medios y redes, sustentan la demonización de las protestas.
Por el contrario, Amnistía Internacional (AI) denunció los abusos cometidos por las autoridades, a las que responsabilizó de la escalada de violencia en el país.
«Las protestas que sacuden Kazajistán y se han vuelto violentas son una consecuencia directa de la represión generalizada de los derechos humanos básicos por parte de las autoridades», declaró en un comunicado la directora de AI para Europa del Este y Asia Central, Marie Struthers.
RESPALDO DE LA OTSC
Tras colgar la etiqueta de «agresión terrorista» a estos sucesos, Nursultán inició el pasado miércoles la operación antiterrorista que continúa y solicitó ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza militar que agrupa a seis antiguas repúblicas soviéticas.
La OTSC respondió afirmativamente de modo inmediato, con el envío de un «contingente de paz» de hasta 2.500 soldados que podría ser aumentado si fuera necesario, según dijo hoy el secretario de prensa de la organización, Vladímir Zainetdinov.
Rusia ha enviado más de 75 aviones de transporte militar con las unidades rusas, según el Ministerio de Defensa, en la que sería la primera operación internacional de este tipo llevada a cabo por la alianza castrense.
Armenia ha enviado 100 pacificadores a Kazajistán, según Defensa de ese país, en tanto que Bielorrusia dijo que desplegaría soldados de la brigada 103 de Vitebsk de sus fuerzas aerotransportadas.
Tayikistán a su vez prevé contribuir con entre 100 y 200 soldados a la misión que, según asegura Rusia y la propia organización, tendrá un periodo de tiempo limitado y únicamente se dedicará a proteger objetivos estratégicos, sin hacer frente a los manifestantes.
EFE
