Meta, Colombia, 24 septiembre de 2024.- La Seccional Meta de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional, judicializó a seis hombres y dos mujeres presuntamente responsables de extorsión, receptación y hurto calificado y agravado en Villavicencio, Meta. Los delitos habrían sido cometidos entre 2022 y 2024.
Christian Camilo Avendaño Castro, Dagoberto Bernal Parrado, Lisbeth Daniela Santana Ramos, Maryi Santana Ramos, Andy Isaac Ardila Alférez y Diego Eduardo Sánchez Valdés fueron capturados el pasado 17 de septiembre en vía pública en Villavicencio. Según la investigación, estarían involucrados en el robo de motocicletas por las que luego exigían entre $1.400.000 y $2.500.000 a los propietarios para devolverles los vehículos. Las extorsiones se realizaban mediante llamadas y videollamadas en las que enviaban fotografías de las motos robadas.
El juez de garantías impuso diferentes medidas para los procesados: dos intramurales, dos domiciliarias y tres no privativas de la libertad.
En un caso aparte, la Fiscalía judicializó a Brayan Steven Pérez Valencia y Jorge Mauricio González Molina, capturados en flagrancia en un establecimiento público del barrio La Rosita de Villavicencio. Los sujetos habrían recibido un paquete que supuestamente contenía dinero relacionado con extorsiones a comerciantes bajo amenazas de muerte. Los capturados alegaban pertenecer a la estructura armada organizada de la Segunda Marquetalia de las FARC. Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.