En cumplimiento de las políticas del Fiscal de aplicar justicia en las calles y en los territorios, la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, impactó tres estructuras criminales que delinquen en la región de Urabá y el oriente antioqueño, y logró la captura así como la judicialización de 42 de sus integrantes.
El primer operativo se realizó en el municipio de Turbo (Antioquia), donde fueron aprehendidos por orden judicial 14 presuntos miembros de 2 pandillas conocidas como Los Batman y Los Pamperos, dedicados a diferentes modalidades de hurto en ese puerto de la zona de Urabá. Otros 7 supuestos integrantes de las señaladas pandillas fueron notificados de las investigaciones en su contra en las cárceles donde se encuentran detenidos por otros procesos.
Para la captura y judicialización se asociaron 25 noticias criminales, la mayoría de ellas, por delitos contra el patrimonio económico.
Los 21 procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto, hurto calificado y agravado, homicidios agravado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, extorsión, constreñimiento ilegal y fuga de presos.
El segundo operativo interinstitucional se adelantó en el municipio de Rionegro (Antioquia), donde fueron capturados por orden judicial 21 personas presuntamente vinculadas a la banda Los Pamplona, organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en por lo menos 15 barrios y sectores de la citada población del oriente antioqueño. Todos los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Desde el año 2019 a la fecha, el trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación ha permitido la captura y judicialización de más de 200 integrantes de esa organización, 26 de ellos de nacionalidad venezolana, de los cuales han sido sentenciados más del 65% a penas que oscilan entre los 4 y los 40 años de prisión, por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, homicidio agravado, desaparición forzada y tortura. Además, se han decomisado 10 armas de fuego de diferente calibre, miles de dosis de cocaína, marihuana, cocaína rosada y fármacos derivados de la Benzodiacepina.
También fueron demolidos numerosos inmuebles utilizados para el expendio de estupefacientes. Se logró la inmovilización y decomiso de 17 vehículos entre automotores y motocicletas.
Las acciones judiciales también han permitido adelantar procesos de extinción del derecho de dominio sobre bienes muebles e inmuebles valorados en más de mil millones de pesos.
