El defensor es señalado de ofrecer 10.000 millones de pesos y 3.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla Álvarez, respectivamente, para que se retractaran de los señalamiento en contra de otras personas, y así evitar que fueran vinculadas a las investigaciones.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BOGOTÁ, COLOMBIA, (8 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de soborno en la actuación penal al abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, señalado de ofrecer millonarias sumas de dinero a dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para que modificaran sus declaraciones y así evitar que otras personas fueran vinculadas a las investigaciones por irregularidades en la contratación dentro de la entidad.
Las evidencias recabadas por el ente acusador indican que el abogado Riveros Rey contactó el pasado 26 de julio al defensor de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD. Durante este acercamiento, el abogado propuso una negociación que consistía en el ofrecimiento de 3.000 millones de pesos o el 5% del valor total de un contrato en la UNGRD, a cambio de que Pinilla Álvarez se retractara de sus declaraciones ante la Fiscalía y dejara de inculpar a otros involucrados en el entramado de corrupción.
En una segunda reunión, el 31 de julio, el abogado habría ofrecido 10.000 millones de pesos a Olmedo de Jesús López, exdirector de la UNGRD, para que también modificara su testimonio, favoreciendo a otros exfuncionarios para evitar su vinculación en las investigaciones penales en curso.
Las cuatro reuniones, una de ellas en un hotel del occidente de Bogotá, fueron claves para la recolección de pruebas que fundamentaron la imputación en contra de Riveros Rey. El abogado, quien enfrenta cargos por soborno, permanecerá vinculado al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.