Lima, 18 mar – Al menos tres personas murieron en diferentes ataques cometidos aparentemente por bandas criminales durante las primeras horas del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Perú para enfrentar el embate de la criminalidad en Lima, donde este martes se ve poca presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para cumplir con las nuevas medidas de seguridad.
Medios locales informaron que durante la noche del lunes, poco después de que se decretara el inicio del estado de emergencia, fueron asesinadas una persona que se dedicaba al reciclaje, una mujer que trabajaba con empresas de transporte urbano y el chófer de un autobús.
El reciclador fue acribillado por desconocidos en el popular distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima, la mujer en el distrito de La Perla, en la provincia anexa del Callao, y el conductor del autobús de transporte público en el distrito sureño de Villa El Salvador, según detalló este martes el diario El Comercio.
Estos crímenes se cometieron poco después de la publicación en el boletín de normas legales del decreto que oficializó el estado de emergencia en toda la capital peruana, con el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir la ola de crimen que golpea a la ciudad que reúne a 11 millones de personas, una tercera parte de la población de Perú.
El decreto, firmado por la presidenta Dina Boluarte, especificó que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y que el estado de emergencia estará vigente durante 30 días.
Durante este periodo queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
La medida se anunció tras la indignación y la ola de críticas a las autoridades que se desataron por la muerte del cantante Paul Flores, uno de los vocalistas de la popular orquesta de cumbia Armonía 10, cuyo autobús fue tiroteado en la madrugada del domingo en una autopista de Lima.
Al respecto, el Ministerio del Interior aseguró que la emergencia permitirá «intensificar la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, con especial énfasis contra la extorsión y el sicariato» y que también se reforzará el control migratorio y de posesión de armas de fuego y municiones.
El Ministerio de Defensa señaló, por su parte, que contingentes de las Fuerzas Armadas se desplegaron durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en Lima y el Callao.
Sin embargo, medios locales mostraron imágenes que revelaron la poca presencia de policías y militares en las principales calles de la ciudad durante la mañana de este martes.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció que el Gobierno también liderará este martes una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que reúne a las principales autoridades de los poderes del Estado, y decretará una reforma del sistema penitenciario del país.
En respuesta al crimen del cantante, partidos y grupos parlamentarios de todas las tendencias políticas han exigido la salida del cargo del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra quien se han presentado hasta cuatro mociones que piden su censura por el Congreso.
Al respecto, el Gobierno ha mostrado una posición de defensa de Santiváñez y considera que las peticiones para censurarlo son «inoportunas» porque las investigaciones policiales para combatir a las bandas criminales «están en proceso, y muchos resultados en camino».
La declaración del estado de emergencia para enfrentar a la criminalidad en la capital peruana se ha convertido en una medida habitual desde el final de la pandemia, y la última vez que el Gobierno la adoptó fue en septiembre de 2024, cuando comprendió a 14 distritos de Lima y el Callao, tras las denuncias de transportistas urbanos de las extorsiones que padecen por parte de bandas organizadas.
EFE