Una decena de líderes sociales del Chocó (oeste) advirtieron este lunes del recrudecimiento de la crisis humanitaria en ese departamento colombiano y de «la violación sistemática de los derechos humanos», pese a las denuncias que han hecho al Gobierno del presidente Iván Duque desde hace varios meses.

Así lo aseguraron las diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina-Tadó, así como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Mesa Indígena del Chocó, durante la presentación en Bogotá de su tercer informe sobre la situación humanitaria en esa región fronteriza con Panamá.

En el documento, los líderes de esas comunidades resaltaron el reclutamiento de jóvenes, el confinamiento, el desplazamiento y el aumento de los cultivos ilícitos como los principales problemas del Chocó.

De igual forma, señalaron que durante este año se han registrado 803 amenazas, 5.561 casos de confinamiento y 4.091 más de desplazamiento forzado, según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV).

FOCO EN EL CONFINAMIENTO

En el informe, las ONG priorizaron el análisis al desplazamiento y confinamiento de las comunidades, «porque esta modalidad se ha convertido en la principal estrategia de guerra de los actores armados, tanto legales como ilegales».

En ese sentido, el director pastoral social de la Diócesis de Apartadó, Leónidas Moreno, alertó que los grupos armados ilegales que se disputan el territorio se están instalando en las comunidades y obligan a familias enteras «a responder a sus normas y sus exigencias».

«Las comunidades quedan totalmente desprotegidas, los mayores no pueden ir a trabajar porque quedan confinados en sus territorios y la violencia que se está ejerciendo cada vez es mayor», alertó.

El portavoz de la Mesa Indígena, Plácido Bailarín, reiteró el lastre del confinamiento, ya que «muchas familias no pueden desarrollar ningún tipo de actividades y por eso aumentan los problemas de desnutrición, de enfermedades, atención médica y salud».

Por su parte, el miembro de la Mesa Indígena del Chocó, Arquímedes Carpio, alertó que en Quibdó, capital departamental, se registraron más de 1.400 casos de indígenas desplazados, lo que termina por «lastrar la identidad cultural de las comunidades».

Sobre el reclutamiento de menores, el vocero del FISCH, Abid Manuel Romaña, dijo que es muy difícil contabilizar los casos ya que «se han ido dando en comunidades dispersas» y a cuenta gotas, pero estiman «que ahora podrían ser unos 100 en sus manos».

No obstante, subrayó que no están interesados en las cifras porque se está hablando «de la vida de personas de carne y hueso», por lo que instó al Gobierno colombiano a resolver los problemas estructurales del departamento.

BOJAYÁ, UNA BOMBA DE RELOJERÍA

Hace una semana estas mismas organizaciones publicaron una carta abierta en la que alertaban al presidente Duque sobre las amenazas que continúa viviendo el municipio de Bojayá, fuertemente golpeado por el conflicto armado.

En esa localidad el 2 de mayo de 2002 las FARC lanzó un cilindro bomba contra las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el explosivo cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo, dejando al menos 79 personas muertas, aunque otras cifras hablan de 119 víctimas.

Al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas de Bojayá están confinadas actualmente debido a los enfrentamientos armados entre grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En ese sentido, el líder indígena Abid Manuel dijo que hace más de cuatro meses han denunciado a las autoridades la grave situación en ese tramo del río Atrato y alertó que la situación es una «bomba de relojería», debido a la falta de control de la fuerza pública y su «connivencia» con los actores armados presentes.

Por todo lo anterior, las organizaciones pidieron un diálogo humanitario regional y local en el que participen todos los sectores sociales, así como un plan estructural para poner fin a la crisis humanitaria y otro para vencer a los grupos armados ilegales.

De igual forma, piden que el Gobierno restablezca los diálogos de paz con el ELN, suspendidos desde enero pasado cuando ese grupo armado detonó un carro bomba en una escuela de Policía en Bogotá, dejando 22 cadetes muertos.

EFE