San Salvador, 22 jul- Abogados de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciaron este lunes ante la Fiscalía General al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, por crímenes de lesa humanidad que habrían cometido en el marco del régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Ingrid Escobar, directora del SJH, dijo en una rueda de prensa que la denuncia penal también incluye a diputados y exdiputados de la Asamblea Legislativa que han avalado la extensión del régimen, además directores de cárceles, jueces y fiscales.
Los delitos denunciados en calidad de crímenes de lesa humanidad son privación de libertad, torturas y desobediencia de órdenes judiciales, incumplimiento de deberes, negación de auxilio y actos arbitrarios.
«Hago un llamado al Estado de El Salvador a garantizar la Justicia a las víctimas, primero a las víctimas de las pandillas, (…) que son las primeras que no van a tener justicia por todas estas reformas criminales y el régimen de excepción», sostuvo.
También llamó a que se dé Justicia a «nuestras víctimas inocentes que han sido capturadas sin seguir el debido proceso y que están pagando una pena anticipada que no merecen».
Jayme Magaña, abogada del SJH, apuntó que «los organismos internacionales le están diciendo a El Salvador que está incumpliendo el control de convencionalidad, que está violentando derechos humanos».
«Venimos a decirle a la Fiscalía que debe iniciar la investigación por la vulneración a derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles», subrayó.
Entre los denunciados también se encuentra el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y otros diputados, que tienen inmunidad constitucional y deberían ser desaforados en el Congreso para poder enfrentar una causa penal.
Magaña precisó que entre los delitos que atribuyen a estas autoridades están privación de libertad de personas que poseen carta de libertad judicial y no son liberados por decisión de funcionarios de centros penales.
Maribel Amaya, madre del detenido José Luis, denunció que su hijo se encuentra detenido arbitrariamente y en estado de desnutrición, sin que le hayan permitido comunicarse con él o tener información sobre su situación.
«En este país capturan a las personas, se los llevan a un centro penal y su familia nunca más vuelve a saber de ellos, nunca más vuelve a hablar con ellos, ni siquiera si están con vida», denunció.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una escalada de violencia en marzo de 2022 atribuida a las pandillas y que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio tras la ruptura de un supuesto pacto entre las maras y el Gobierno de Nayib Bukele.
Entre este marco, las autoridades reportan más de 80.100 detenciones, mientras que las organizaciones han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
De acuerdo con un informe de Cristosal, presentado recientemente, más de 170 menores de edad quedaron en la orfandad tras la muerte del padre, la madre o ambos en las cárceles del país.
EFE
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