ONG exige al Estado salvadoreño parar el bloqueo a juicios por crímenes de guerra

San Salvador, 9 marzo.- Los abogados del organización humanitaria Tutela Legal «María Julia Hernández» exigieron este martes al Estado salvadoreño que no obstaculice el acceso a la justicia en los procesos penales por crímenes de guerra y lesa humanidad.

«Exigimos al Estado salvadoreño ya no obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, (…) para los que se necesita el acceso a la información militar del conflicto armado y el resguardo de la misma por un ente imparcial y confiable», manifestaron en un comunicado de prensa.

Señalaron que «la negativa de no permitir las inspecciones en los archivos militares de 1981», vinculados con la masacre de 1.000 campesino en El Mozote, por parte del presidente Nayib Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, «podría ser constitutiva de delito».

El juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar estos bloqueos en noviembre del año pasado, sin que la institución haya presentado alguna acusación.

Los representantes de Tutela Legal también lamentaron la solicitud presentada por los fiscales del caso para recusar al juez Guzmán, que no fue consultada con las víctimas.

Señalaron que a inicios de febrero se realizaron exhumaciones por el caso de la masacre del Sumpul (1980), donde fueron asesinadas unas 300 personas en pleno conflicto armado.

Este proceso, de acuerdo con los letrados, reveló «deficiencias y carencias» por parte del Estado para «apoyar a las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad».

Indicaron que el Estado no asumió «los gastos para dichas diligencias», por lo que en su mayoría son «sufragados por las mismas víctimas de la masacre».

Exigieron al Estado que «se proporcionen los recursos para fortalecer el trabajo de los tribunales que tienen a cargo estos procesos», de la Fiscalía e Instituto de Medicina Legal para «no dejar intencionalmente la carga de la prueba y de las diligencias judiciales a las víctimas de estos crímenes».

La guerra civil enfrentó al Ejército salvadoreño y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido político de oposición.

El conflicto armado se saldó con unas 75.000 personas muertas y 8.000 desaparecidos, según cifras oficiales, y fue hasta 2016, por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se abrió la puerta para juzgar los crímenes de lesa humanidad.