Onic denuncia que enfrentamiento entre grupos armados tienen confinadas a 51 familias en Nariño

La Onic exige la presencia urgente del Estado en el lugar, pide que se implementen medidas que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas y de seguridad de la comunidad indígena. Y a los grupos armados, que respeten la autonomía de los pueblos indígenas.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, denunció mediante un trino que en la comunidad San José del Roble, municipio de Olaya Herrera, Nariño, se presentan enfrentamientos entre grupos armados que han dejado 51 familias indígenas Eperara Siapidara confinadas sin alimentos.

El pueblo Eperara Siapidara se encuentra ubicado principalmente en el departamento del Cauca, en la ribera del Saija, región de López de Micay, y en el río Naya municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. También hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño, lugar este último donde se presenta la novedad reportada por la Onic.

Las acciones armadas en Nariño se vienen presentando desde el año 2000. Principalmente por la presencia de cultivos de coca en la región Pacífica nariñense, lo que ha representado una transformación de la región, con consecuencias muy negativas para el entorno y las comunidades negras e indígenas que la habitan.

Tener el control de los cultivos ha llevado a las disidencias del frente 29, las columnas móviles Antonio José de Sucre y Daniel Aldana de las Farc; el Eln con el frente Comuneros del Sur y un sinnúmero de agrupaciones de origen paramilitar, herederas del bloque Libertadores del Sur del bloque Central Bolívar (BCB) y del frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Es por ello que inciden los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales y de estos con las fuerzas del Estado en las condiciones humanitarias y de calidad de vida de las comunidades negras e indígenas, entre éstas la comunidad Eperara Siapidara.

La Onic exige la presencia urgente del Estado en el lugar, pide que se implementen medidas que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas y de seguridad de la comunidad indígena. Y a los grupos armados, que respeten la autonomía de los pueblos indígenas.

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