En el informe trimestral del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se resalta la preocupación de la organización por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc durante la pandemia.
De acuerdo al informe, desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado 206 asesinatos de excombatientes. Sobre estos casos la Fiscalía ha capturado a 10 sospechosos como autores intelectuales y a 44 como autores materiales. Van 29 condenas y 20 crímenes más están en juicio.
Asimismo, en lo corrido del 2020 se han registrado 32 asesinatos de líderes sociales y 47 más que están en proceso de verificación. El Cauca es el departamento con el nivel más alto de violencia contra defensores de DD.HH., pese al aumento de la Fuerza Pública que casi se duplicó este año.
“En este departamento, durante la cuarentena, se ha informado de cinco masacres y varios asesinatos, incluidos los de líderes sociales y sus familiares”, describe el informe, y asegura que en esta región siguen ocurriendo delitos contra la comunidad, como asesinatos de niños y niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas.
En el Pacífico, más de 7.500 personas han sido desplazadas a la fuerza, en su mayoría por grupos al margen de la ley. “Es difícil decir cuál ha sido la afectación más grave durante la pandemia, pero se resalta la inseguridad. En algunas zonas del país, donde ya las condiciones eran precarias, se han propiciado espacios para que grupos armados tengan un control mayor”, afirmó el jefe de la Misión de Verificación, Carlos Ruiz Massieu.
La ONU también se refirió a la implementación del Acuerdo de Paz. Respecto a la reforma rural integral, destacó que el Gobierno ha informado sobre 1.191 obras en municipios PDET, de los cuales 1.109 se han completado y 82 están en ejecución. Y sobre la lucha antidrogas, desde 2017 se han radicado voluntariamente 41.512 hectáreas de cultivo de coca.
“96% de las familias (99.907) cumplen los compromisos voluntarios de erradicación y la resiembra en 28 municipios vigilados es inferior al 1%”, destacó la ONU. El informe también da cuenta de que en la JEP han avanzado en los 7 casos que lleva el tribunal y se han tomado 115 decisiones judiciales. La Comisión de la Verdad ha escuchado a más de 10 mil víctimas, testigos y responsables. Y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos ha recibido 5.800 solicitudes y finalizó su plan nacional y 12 planes regionales.
Ruiz Massieu lamentó que no se tuviera en cuenta el llamado del secretario general de la ONU de un cese al fuego global, lo cual impacta en las garantías de seguridad de algunas regiones y de líderes y excombatientes. “En este periodo, se mantiene la tendencia de asesinatos y amenazas contra excombatientes de las Farc-EP, llegando a más de 200 asesinatos. La situación de seguridad de excombatientes que adelantan su proceso de reincorporación fuera de los antiguos ETCR, repartidos en más de 500 municipios, es de mayor riesgo y vulnerabilidad, y se intensifican por la misma pandemia”, dijo.
Respecto a este tema el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo en el programa Señal de la Mañana de Radio Nacional de Colombia que el Gobierno ha adoptado más de 40 medidas específicas de seguridad para los excombatientes, que han dado resultados hasta el momento.
“Este es un tema en el que la sociedad colombiana debe estar unida. Sabemos que debemos apoyar a los excombatientes en proceso de reincorporación. Más del 75% de ataques a esta población están liderados por disidencias y Clan del Golfo”, aseguró Archila. Y agregó que los “170 municipios afectados por la violencia y la pobreza son el 15% de la población en Colombia. Estamos invirtiendo más de 20 billones y vamos a seguir en esa línea”.
Por eso, Ruiz Massieu insistió en que las partes del conflicto se comprometan a una pausa humanitaria duradera, “durante al menos 90 días consecutivos, a fin de permitir la prestación de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad, sin obstáculos y de forma sostenida”, expresó.
Y recomendó reforzar la financiación y asistencia técnica a los proyectos productivos de las personas firmantes de la paz, que se han visto afectados por las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. Y también seguir procesos de asignación de tierras a excombatientes, tanto para viviendas como para esos proyectos, lo que consideran fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación.
Tomado de Radio Nacional
