Caracas, 29 de mayo.- La oposición parlamentaria venezolana instó este viernes a los Gobiernos del mundo a que cataloguen al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de «terrorista» por su relación con Irán pese a que es el Ejecutivo de Nicolás Maduro quien sostiene esos contactos y no el partido.
La petición la hizo la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de clara mayoría opositora pero cuyo funcionamiento está en entredicho por la división causada desde la elección de un presidente apoyado por la bancada chavista y reconocido por el Supremo y otro, el opositor Juan Guaidó, aceptado por buena parte de la comunidad internacional.
La solicitud, según recoge un acuerdo publicado por la AN y su composición mayoritaria, se basa en «que en el año 2007 fueron entregados 15.000 fusiles» al Frente Francisco de Miranda y, en 2019, 321.000 fusiles a los Círculos Bolivarianos, organizaciones que son afines al chavismo pero no parte del PSUV.
DENUNCIAN APOYO DE IRÁN A TERRORISTAS EN VENEZUELA
La comisión denunció que el apoyo de Irán «con armas a grupos terroristas y extremistas en Venezuela» es una violación de la resolución 2231 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la cuestión nuclear del país persa.
Dicha resolución procede de un pacto firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania), que quedó validado por el Consejo de la ONU y que estipula la restricción sobre las ventas de armas convencionales al país persa pero que expira el próximo mes de octubre.
EE.UU. abandonó el acuerdo nuclear el 8 de mayo de 2018 y, justo un año más tarde, Irán anunció que comenzaba a reducir gradualmente el cumplimiento de sus compromisos para forzar al resto de firmantes del pacto a contrarrestar las sanciones impuestas por Washington.
UNA ALIANZA DE MADURO CON IRÁN
Con ese contexto, la comisión parlamentaria expresó que la relación de Nicolás Maduro, a quien catalogan como «usurpador» del Gobierno venezolano, e Irán no es económica, sino «una alianza de dos regímenes que son patrocinadores del terrorismo».
Esta semana, fruto de un acuerdo comercial entre el Gobierno de Maduro y el iraní, llegó a Venezuela una flotilla comercial persa con gasolina y otros materiales que serán utilizados por la petrolera estatal Pdvsa para revertir la escasez de combustible.
En la denuncia de la comisión, también rechazan la llegada de 15 vuelos de la aerolínea privada iraní Mahan Air a Venezuela al alegar que es una compañía «sancionada en 2011 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por traficar con armas».
Según su denuncia, en esos vuelos llegó personal civil y militar de Irán.
Sobre el país asiático, el comunicado dice que busca «convertir a América Latina en un terreno fértil para el terrorismo, la desestabilización y el crimen trasnacional».
ALERTA A ORGANISMOS INTERNACIONALES
Asimismo, piden a Guaidó, en calidad de presidente encargado (interino), cargo en el que es reconocido por más de 50 países, que alerte de «la gravedad de la situación» ante la Secretaría General de la ONU, la presidencia de su Consejo de Seguridad, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ministerios de Relaciones Exteriores «afines».
Guaidó fue apoyado por 100 diputados en enero para ser reelegido como presidente de la AN en un acto que se celebró en la sede del diario El Nacional, luego de que agentes policiales le impidieran la entrada a la sede del Parlamento.
Mientras le impedían la entrada, el bloque chavista y varios diputados disidentes de la oposición votaron en el Palacio Legislativo por Luis Parra como presidente de la AN.
Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la junta directiva de la AN que encabeza Guaidó y reconoció la de Parra, quien fue expulsado de las filas opositoras.
El fallo también establece que cualquier persona pública o privada «que preste o ceda espacio» para la instalación de un parlamento paralelo o virtual «será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo», lo que incluye la reunión de la comisión de Relaciones Exteriores.
Tanto el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, como los miembros del Supremo han sido puestos en entredicho por la oposición por sus vínculos con el chavismo y su polémica elección.
EFE
