El Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá le ordenó a la Presidencia de la República que en máximo dos meses active la Mesa Nacional y Territorial de Garantías, que servirán para definir rutas que permitan dar fin a las vulneraciones contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Estás reuniones deberán efectuarse, según el mandato judicial como mínimo, con una periodicidad de tres meses. En dichas mesas se deberá dar respuesta al cumplimento de las garantías de seguridad en el Acuerdo de Paz lo cual incluye la implementación efectiva de mecanismos como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios.
También deben abordar temas relacionados con la elaboración e implementación de una política pública de garantías de seguridad para la defensa de los derechos humanos, esto con la participación de los líderes sociales y la sociedad civil.
Del mismo modo, se debe revisar la implementación de la resolución 1190 de 2018 y la adopción de protocolos departamentales y regionales por parte de las autoridades territoriales. Sumado a que se debe implementar el diseño de una metodología para las sesiones de trabajo del CIPRAT que involucre la creación de un plan de acción articulado institucionalmente para responder las Alertas Tempranas.
Igualmente, el juzgado le ordenó a la Fiscalía que adopte las medidas necesarias para dar prioridad a las investigaciones relacionadas con delitos cometidos en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, y desarrollarlas de manera idónea, integral, célere y eficaz.
El Juzgado dejó de presente que pese al confinamiento derivado del Estado de emergencia por el COVID-19, los crímenes contra líderes sociales se siguen presentado “lo que conlleva a inferir que se puede tratar de una organización criminal coordinada al exterminio sistemático de esa población, que continua y que se ha venido perpetuando por décadas, a pesar de que frente a ellos recae en el Estado el deber de una especial protección”.
Por esto, el delegado de la Rama Judicial reprocha la falla sistemática del Estado en no identificar las causas de las amenazas, ni definir las políticas públicas para la eliminación de estas agresiones, ni en obtener resultados satisfactorios en las investigaciones penales que permitan verdad, justicia y reparación.
El Juez concluyó que existe “una deuda histórica para con los defensores y las defensoras de derechos humanos de este país, que quizás con esta nueva oportunidad pueda ser reparada”
Las determinaciones del juzgado se registraron por cuenta de una acción de tutela que interpusieron dos líderes sociales. Por lo que los tutelantes esperan que estás acciones se lleven a cabo de manera inmediata, dado que en los primeros tres meses del 2020, se conocen más de 56 denuncias por homicidios a líderes sociales y a más de 10 personas excombatientes.
En este caso, las organizaciones representantes de los tutelantes son, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Marcha Patriótica, entre otras organizaciones.
Tomado de El País de Cali
